El Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura de Querétaro oficializó su rechazo absoluto a formar parte del proceso de selección y designación de la persona que encabezará la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. A través de un pronunciamiento conjunto, la bancada del partido guinda notificó que no convalidará ni asistirá a las comparecencias programadas para evaluar la terna de perfiles remitida por el gobernador Mauricio Kuri González, argumentando que las directrices legales vigentes anulan la naturaleza autónoma del organismo de fiscalización.
Impugnación de fondo a las facultades de designación directa
En rueda de prensa, el coordinador del bloque morenista, Arturo Maximiliano García Pérez, puntualizó que la determinación institucional de los legisladores responde a un análisis de orden constitucional y no a consideraciones de índole política o coyuntural. El legislador recordó que las normativas modificadas durante el mes de agosto de 2024 sustituyeron el esquema original, el cual condicionaba la designación del fiscal al voto aprobatorio de las dos terceras partes del Congreso, obligando de manera democrática a la edificación de consensos transversales entre los partidos representados.
Bajo la estructura del marco jurídico actual, la elección se ciñe de manera exclusiva a los candidatos validados por el Poder Ejecutivo. Además, en caso de que el pleno legislativo no concrete la construcción de una mayoría calificada dentro de un plazo perentorio de 30 días, la legislación faculta al gobernador para decretar de forma unilateral el nombramiento directo. García Pérez precisó que su bancada presentó una propuesta de contrarreforma con el propósito de restituir el equilibrio de poderes y salvaguardar la independencia operativa del funcionario que resulte electo.
Señalamientos de opacidad y simulación institucional
El posicionamiento de rechazo fue respaldado por los integrantes de la fracción parlamentaria, entre quienes figuran Rosalba Vázquez Munguía, Sully Mauricio Sixtos, Eric Silva Hernández, Homero Barrera McDonald y Ulises Gómez de la Rosa. Este último calificó la convocatoria del Congreso como un montaje de alcances mediáticos carente de rigor metodológico.
Los representantes del partido de la llamada Cuarta Transformación estructuraron sus objeciones bajo los siguientes ejes analíticos:
- Ocultamiento de Información: Denunciaron que la Mesa Directiva de la Legislatura ha retenido los expedientes curriculares, actas de evaluación y trayectorias administrativas de la terna, por lo que el Congreso carece de insumos validados para certificar el cumplimiento de los lineamientos de elegibilidad.
- Riesgo de Impunidad: El diputado Eric Silva Hernández advirtió de manera crítica que la intervención determinante del Ejecutivo estatal en la designación directa de su propio auditor anticorrupción debilita la imparcialidad del sistema judicial, permitiendo la consolidación de cuotas de protección para la administración saliente.
- Ausencia en Comparecencias: Los diputados confirmaron de forma unánime que se abstendrán de presenciar las entrevistas de los aspirantes, exhortando al Ejecutivo a ejercer de forma directa su facultad legal sin instrumentar simulaciones parlamentarias previas.