La presidenta del PRI en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, presentó una propuesta integral para fortalecer la regulación y la supervisión del autotransporte de carga de doble articulación (fulles) en las carreteras del país. El objetivo principal de la iniciativa es disminuir la alta incidencia de siniestros viales y garantizar traslados más seguros para los usuarios, buscando un equilibrio que no vulnere la competitividad del sector logístico nacional.
Arredondo Ramos contextualizó la relevancia de este sector al señalar que el autotransporte representa una actividad estratégica para la economía en México. De acuerdo con las estadísticas presentadas, entre los años 2000 y 2020 la flota vehicular federal registró un crecimiento exponencial al pasar de 388 mil a más de 1.1 millones de unidades operativas, logrando movilizar un volumen superior a los 500 millones de toneladas de mercancías de forma anual. No obstante, la legisladora advirtió que este acelerado desarrollo no ha ido acompañado de las medidas preventivas necesarias, incrementando de manera crítica los riesgos en las vías federales de comunicación.
Diagnóstico de siniestralidad del transporte de carga pesada
Para fundamentar la urgencia de su propuesta, la diputada queretana expuso cifras oficiales elaboradas por el Instituto Mexicano del Transporte correspondientes a las evaluaciones de siniestralidad vial:
- Involucramiento general: Durante el periodo anual de corte de 2021, casi 24 mil unidades de carga pesada estuvieron implicadas en diferentes percances y colisiones sobre la red carretera federal.
- Vehículos de doble articulación: De esa cifra global, más de mil incidentes correspondieron de forma directa a camiones de doble remolque o doble articulación.
- Costo humano: Estos impactos específicos de unidades doblemente articuladas cobraron la vida de 75 personas y dejaron un saldo de 161 pasajeros con lesiones de gravedad en el país.
La legisladora precisó que, si bien México cuenta con un marco legal robusto para normar este rubro, el verdadero problema radica en la omisión y la falta de aplicación efectiva de las leyes. Al citar estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), refirió que las principales causas de riesgo se concentran en la fatiga crónica de los operadores, unidades con rezago en tecnologías de seguridad, escasez de inspecciones mecánicas y una supervisión policial insuficiente en los tramos carreteros más transitados.
Las cinco estrategias clave del PRI para regular los «fulles»
La propuesta impulsada por el grupo parlamentario del PRI contempla modificaciones estructurales e institucionales enfocadas en cinco ejes estratégicos de prevención:
- Cuerpo especializado de inspección: Crear un área técnica encargada de realizar brigadas permanentes de supervisión física y mecánica directamente sobre los corredores carreteros nacionales.
- Restricción de horarios: Establecer limitaciones obligatorias para la circulación de estas unidades en vialidades específicas y durante las horas de mayor flujo de vehículos particulares o condiciones de alto riesgo.
- Clasificación especial: Catalogar formalmente a los vehículos de doble articulación como «unidades de operación especial» bajo lineamientos estrictos de concesión y tránsito.
- Adopción tecnológica obligatoria: Exigir la instalación de limitadores electrónicos de velocidad y sistemas modernos de frenado antibloqueo en todas las unidades activas.
- Certificación de operadores: Validar mediante controles rigurosos las capacidades de los choferes, garantizando el respeto a las bitácoras de horas de conducción y descanso para mitigar el factor fatiga.