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Choque entre Morena y la oposición en la Comisión Permanente por los lineamientos de la CRT

Integrantes de los bloques parlamentarios debatieron los alcances de la consulta pública emitida para regular los derechos de las audiencias en radio y televisión.

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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de una confrontación política entre legisladores de Morena y de los partidos de oposición respecto al anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, publicado para consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Mientras los parlamentarios del bloque oficialista defendieron la Apertura al diálogo para adecuar el texto, las bancadas opositoras advirtieron riesgos de censura previa y control editorial.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la propuesta no constituye un texto definitivo e invitó a concesionarios, especialistas y ciudadanía a presentar observaciones durante el periodo de consulta para precisar las disposiciones y evitar interpretaciones sesgadas de la autoridad.

Posturas encontradas en el debate legislativo

Grupo / LegisladorPosición expresadaArgumentos principales
Ignacio Mier(Morena)A favor de hacer adecuacionesSostiene que la consulta pública busca construir un marco regulatorio claro y perfeccionable.
Rubén Moreira(PRI)Rechazo al anteproyectoCalificó el proceso como un intento del Ejecutivo por fiscalizar contenidos en medios y redes.
Kenia López Rabadán (PAN)Señalamiento de ambigüedadesUrgió a corregir criterios sobre «información falsa» para evitar mecanismos de sanción punitivos.
Reginaldo Sandoval (PT)Defensor de la reglamentaciónArgumentó que la norma solo desarrolla la ley aprobada y combate la desinformación.
Iván Jaimes Archundia (Ind.)Advertencia sobre autocensuraSeñaló que obligar a separar noticia y opinión genera un «efecto inhibidor» en la labor periodística.

Durante las intervenciones, los representantes de la oposición reiteraron la necesidad de acotar las facultades punitivas del órgano regulador, mientras que los senadores y diputados del oficialismo insistieron en que la regulación se apega al mandato constitucional del artículo 6.

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