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CIRT advierte riesgos a la libertad de expresión en los nuevos lineamientos para audiencias

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión señaló ambigüedades en la propuesta de la CRT y cuestionó el monto de las sanciones planteadas.

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La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) manifestó su postura respecto al proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias presentado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Aunque el organismo empresarial descartó que la medida configure un acto explícito de censura, advirtió que ciertos aspectos del marco normativo propuesto generan incertidumbre operativa y riesgos para el libre ejercicio periodístico en el país.

El gremio, que agrupa a más de mil 200 concesionarios de radio y televisión comercial, señaló que participará en el proceso de consulta pública de 20 días convocado por el órgano regulador para presentar una postura técnica unificada. Asimismo, reconoció el fundamento regulatorio de la iniciativa, impulsada tras la presentación del planteamiento por parte del Ejecutivo Federal, aunque subrayó la necesidad de ajustar las disposiciones para evitar retrocesos democráticos.

Objeciones a la discrecionalidad y régimen sancionador

Entre las principales inquietudes planteadas por la CIRT destaca la ambigüedad en la definición de conceptos como información falsa o descontextualizada, lo que a su juicio otorgaría facultades discrecionales a la autoridad para evaluar contenidos. Adicionalmente, el organismo criticó la figura del «recurso de inconformidad», al considerar que subordina la labor del defensor de las audiencias al criterio gubernamental y vulnera los esquemas de autorregulación de los medios.

Finalmente, la cámara empresarial cuestionó la severidad del esquema de multas contemplado en el proyecto, el cual contempla sanciones de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales de los concesionarios o programadores. De acuerdo con la postura institucional, este porcentaje resulta desproporcionado en comparación con las sanciones vigentes en la legislación actual, centradas principalmente en la omisión de códigos de ética o en la falta de designación de defensores.

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