Las cuotas operativas de la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde perdió la vida la adolescente de 13 años Dafne Zapata Quintos, oscilaban entre los 7 mil y los 50 mil pesos mensuales. Además de los pagos mensuales, las familias debían cubrir cobros iniciales por concepto de inscripción, materiales didácticos y vestuario institucional.
Pese a los montos cobrados, el inmueble donde ocurrió el deceso tenía menos de un año en funcionamiento y carecía de rotulación formal, encontrándose actualmente asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como parte de las indagatorias.
Esquema de costos y paquetes de atención
La estructura tarifaria del plantel educativo privado se dividía en diversas modalidades según las necesidades del alumnado:
- Inscripción y equipamiento: Cuota de inscripción inicial de 10 mil pesos, costos de uniformes por 20 mil pesos y paquetes de libros con precios entre 8 mil 500 y 14 mil pesos.
- Modalidad externa: Cobro mensual de 7 mil pesos para alumnado con buena conducta en horario matutino estándar.
- Modalidad semi-internado: Pago de 10 mil pesos al mes para estudiantes con bajo rendimiento académico que requerían apoyo y alimentos, en un horario extendido.
- Modalidad de internado: Cuotas de 35 mil pesos mensuales para régimen semanal (lunes a viernes) y de 50 mil pesos para internado de tiempo completo dirigido a jóvenes con problemas de conducta.
Situación jurídica y postura de la SEP
El proceso legal sobre las personas responsables de la institución mantiene acciones judiciales en curso:
- Medidas cautelares: Una jueza de control dictó prisión preventiva justificada contra el director de la academia, Jorge Luis “N”, y la encargada de la coordinación interna, Estrellita “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.
- Duplicidad del término: La defensa de las personas imputadas solicitó la ampliación del plazo constitucional, fijando la reanudación de la audiencia de vinculación a proceso para el jueves 30 de julio.
- Acciones de la SEP: La Secretaría de Educación Pública reiteró que las instituciones privadas militarizadas carecen de sustento legal en el país, confirmando el inicio de un operativo de inspección nacional para regularizar o clausurar este tipo de ofertas educativas.