El Gobierno de México mantiene abierta la consulta pública sobre el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La iniciativa busca instrumentar las Disposiciones Generales derivadas de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025, estableciendo reglas operativas para concesionarios de radio y televisión abierta y de paga.
La propuesta ha desencadenado un amplio debate técnico y político sobre sus alcances, en el que autoridades gubernamentales defienden el esquema como un avance en autorregulación y verificación informativa, mientras que cámaras del sector, jueces y organizaciones civiles advierten sobre riesgos de discrecionalidad y afectaciones a la libertad editorial.
Puntos clave del anteproyecto y marco regulatorio
| Aspecto regulado | Obligación o mecanismo previsto | Postura del sector / Críticas |
| Sujetos obligados | Concesionarios de radio, TV abierta, audio de paga y programadoras | Excluye a la prensa escrita y plataformas digitales. |
| Distinción de contenidos | Diferenciar explícitamente entre noticia, opinión y publicidad | Especialistas señalan la dificultad técnica de separar hecho y contexto. |
| Defensoría y ética | Publicación de un código de ética y nombramiento de un defensor de audiencias | La CIRT señala que la CRT podría revisar de fondo las decisiones de los defensores. |
| Esquema de sanciones | Multas del 0.01% al 1% de los ingresos anuales del concesionario | Se cuestiona si la autoridad administrativa excede las facultades marcadas por la ley. |
Posturas en el debate público
El Ejecutivo federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sostenido que la regulación privilegia la autorregulación mediante defensores independientes nombrados por las propias empresas y que las sanciones monetarias constituyen una última instancia. Asimismo, legisladores de la bancada oficialista afirman que la medida responde al mandato constitucional del artículo 6.
En contraparte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) y la organización Artículo 19 han manifestado su preocupación ante la falta de precisión sobre los criterios que utilizaría la autoridad para evaluar la «veracidad» o el «descontexto» de la información, advirtiendo un impacto potencial en la labor periodística. El periodo de consulta pública concluirá el 21 de agosto de 2026.