Una denuncia ciudadana interpuesta ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita investigar un millonario contrato adjudicado de manera directa por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de su exdirector general, Víctor Rodríguez Padilla. El acuerdo comercial contempla un monto de hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados.
El contrato PMX-2025-98-347 fue otorgado el 25 de julio de 2025 a un consorcio integrado por las empresas Arrendo Serv, S.A. de C.V. e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. La vigencia del acuerdo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028 y contempla la renta de entre 350 y mil 200 unidades vehiculares por ejercicio fiscal destinadas al combate del mercado ilícito de hidrocarburos.
Presuntas irregularidades y conflicto de interés
De acuerdo con el documento de la denuncia presentado el pasado 6 de julio, la contratación se justificó bajo una excepción de licitación pública argumentando motivos de seguridad nacional e infraestructura estratégica. No obstante, los señalados enfrentan acusaciones de simulación de competencia y daño patrimonial.
- Cercanía con funcionarios: Se reporta que los accionistas y representantes del consorcio ganador (Alberto Pliego Hernández, José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo) presuntamente gestionan negocios ante dependencias federales manifestando una relación estrecha de amistad con Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Birmex.
- Vínculos corporativos ocultos: Investigaciones mercantiles y registros corporativos sugieren que la estructura de las empresas ganadoras se conecta con otros consorcios de los sectores automotriz y financiero (como el Grupo Surman y la familia Mena Palacios), lo que apunta a posibles beneficiarios finales no declarados formalmente en los expedientes públicos.
Solicitud de intervención a organismos federales
La gravedad del caso y la magnitud económica de los recursos públicos involucrados motivaron el envío de la denuncia a múltiples instancias de fiscalización del Gobierno Federal, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control de Pemex.
Las peticiones de la denuncia exigen auditar la legalidad del procedimiento y verificar rigurosamente la capacidad técnica, financiera y operativa de las empresas contratadas para cumplir con el servicio. De acreditarse faltas administrativas o fiscales, se solicita proceder con las sanciones correspondientes y dar vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.