El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que no existen pruebas para señalar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de liderar una red de contrabando de hidrocarburos («huachicol fiscal») ni de delincuencia organizada. A través de un posicionamiento institucional, Romero Herrera calificó a Ruffo como un «preso político» de la administración federal de la Cuarta Transformación, señalando que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en su contra resulta desproporcionada.
La postura del Comité Ejecutivo Nacional se suma al reclamo de un grupo de liderazgos panistas tras la detención del exmandatario ocurrida el pasado 16 de julio en Ensenada y su posterior vinculación a proceso, por la que actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «El Altiplano».
Petición de medida cautelar y pronunciamiento de exgobernadores
Un grupo integrado por el expresidente Vicente Fox Quesada y 13 exgobernadores del PAN firmaron un pronunciamiento conjunto en el que demandaron sustituir la prisión preventiva en penal de máxima seguridad por el arraigo domiciliario:
- Fundamento de edad: Los firmantes argumentaron que, al ser una persona mayor de 70 años, la legislación mexicana contempla la posibilidad de llevar el proceso bajo resguardo domiciliario.
- Garantía de defensa: Señalaron que las restricciones vigentes en el penal del Altiplano obstaculizan la comunicación continua de Ruffo con su equipo de defensa legal.
- Liderazgos firmantes: El documento fue respaldado por figuras como Carlos Medina Plascencia, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Canales Clariond, Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Márquez Márquez, Ignacio Loyola Vera, Emilio González Márquez y José Guadalupe Osuna Millán, entre otros.
Crítica al criterio de procuración de justicia
En sus declaraciones, la dirigencia nacional del PAN cuestionó el tratamiento otorgado al caso en comparación con otros señalamientos públicos:
- Trato inequitativo: Romero Herrera señaló que figuras políticas del oficialismo, como los gobernadores Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, no han enfrentado acciones institucionales similares ante señalamientos en su contra.
- Exigencia al Poder Judicial: Acción Nacional solicitó que los órganos jurisdiccionales actúen con neutralidad e independencia, conduciendo el proceso con estricto apego al debido proceso y valorando los elementos presentados sin presiones políticas.