La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien a través de un video difundido en sus redes sociales afirmó que «mete las manos al fuego» por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, actualmente vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Durante la conferencia matutina realizada desde Cuernavaca, Morelos, la mandataria reaccionó irónicamente ante la postura de Fox con la frase: «No se vaya a quemar», rechazando que el arresto responda a una persecución política o coincidencia circunstancial.
Argumentos de la investigación y estructura corporativa
La titular del Ejecutivo detalló los elementos que componen la causa penal integrada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador y sus socios:
- Participación accionaria: Sheinbaum precisó que Ruffo Appel figura como el principal accionista de Ingemar, empresa señalada de importar y distribuir combustible de manera irregular.
- Modus operandi: Explicó que las indagatorias iniciaron un año atrás tras la detección de tanques de ferrocarril con combustible de contrabando, en donde la empresa declaraba productos distintos ante la autoridad aduanera para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
- Continuidad de la causa: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, complementó que existen ocho órdenes de aprehensión dictadas en torno a este caso y que las investigaciones continúan abiertas.
Declaraciones del expresidente Vicente Fox
Por su parte, el exmandatario panista insistió en la inocencia del primer gobernador de oposición de Baja California:
- Defensa de la trayectoria: Fox aseveró en su mensaje público conocer la honestidad, integridad y la gestión gubernamental de Ruffo Appel, reiterando su respaldo pleno a su persona y familia.
- Señalamientos de la oposición: Integrantes del bloque opositor han sugerido que la detención guarda relación con la coyuntura política estatal tras la reciente difusión de audios vinculados a autoridades de la región, postura que fue descartada por el Gobierno Federal al respaldarse en los informes y videograbaciones presentados por la FGR.