La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México será la encargada de proponer a los expertos independientes que revisarán la nueva ruta de investigación del caso Ayotzinapa. El objetivo prioritario de este acompañamiento internacional sigue siendo el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la localización de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aclaró que, por determinación del propio organismo internacional, el nuevo grupo de especialistas no estará integrado por antiguos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual ya concluyó formalmente sus funciones en el país.
Nueva visión científica y avances en la investigación
Sheinbaum Pardo destacó que la investigación actual, encabezada por el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, ha adoptado un enfoque estrictamente científico que ha permitido identificar omisiones graves en las indagatorias de administraciones pasadas.
Respecto al desarrollo de esta nueva etapa de los trabajos, la presidenta expuso los siguientes puntos:
- Colaboración con la ONU-DH: La solicitud de apoyo técnico fue planteada de manera directa por la mandataria al Alto Comisionado durante su visita a México, acordando que el organismo proponga perfiles externos neutrales para validar el rumbo de las investigaciones.
- Diálogo con las familias: El gobierno federal mantiene reuniones de trabajo cada dos o tres meses con las madres y padres de los normalistas desaparecidos. La presidenta enfatizó que, por respeto a las familias y en busca de consensos, no se revelarán públicamente los hallazgos recientes hasta que ellos conozcan y evalúen formalmente los resultados.
- Diferencias técnicas: Al ser cuestionada sobre una posible consulta con la exintegrante del GIEI, Ángela Buitrago, la titular del Ejecutivo Federal señaló que, aunque existe apertura al diálogo, persisten discrepancias técnicas respecto a criterios del pasado, tales como las resoluciones judiciales que en su momento ordenaron la liberación de presuntos implicados en Tamaulipas.
La mandataria concluyó que la revisión externa y neutral es indispensable para dar certeza al proceso, ya que la evaluación de los avances no puede quedar en manos exclusivas del gobierno ni de las organizaciones civiles de derechos humanos con las que se han tenido desencuentros metodológicos previamente.