La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó de forma contundente los señalamientos en su contra derivados de la difusión de unos audios que la vinculan con presuntos intermediarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La mandataria estatal calificó el encuentro que dio origen a las grabaciones como una «trampa» y negó categóricamente haber ofrecido colaboración ilícita o información a agencias de los Estados Unidos.
A través de un mensaje público, Ávila Olmeda enfatizó que su lealtad al país y al estado de Baja California es absoluta, enmarcando la filtración como una campaña de manipulación y una venganza de carácter personal y político que busca descarrilar las acciones de su administración.
El origen del encuentro en Tijuana
La mandataria estatal ofreció detalles sobre las circunstancias en las que se llevó a cabo la reunión grabada, situándola en un contexto de buena fe y agendas ajenas a la seguridad pública:
- Fecha y lugar: El encuentro ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Tijuana.
- El contacto inicial: De acuerdo con la gobernadora, el exmandatario estatal Jaime Bonilla la contactó vía WhatsApp para solicitarle que recibiera a un grupo de personas.
- El propósito aparente: Los interlocutores se presentaron con la supuesta intención de brindarle asesoría y apoyo técnico respecto a la cancelación de su visa estadounidense.
Ávila Olmeda aclaró que ninguno de los asistentes se identificó formalmente como miembro o agente acreditado de alguna institución del gobierno de Estados Unidos. Explicó que, al percatarse de señalamientos infundados sobre supuestos procesos judiciales en su contra, pidió que el diálogo se mantuviera a través de un abogado, comunicación que nunca se formalizó por parte de los asistentes.
Inexistencia de datos confidenciales y respaldo federal
Como argumento central de su defensa, la jefa del Ejecutivo de Baja California precisó que, debido a la naturaleza y facultades de su cargo como gobernadora, no cuenta con acceso a expedientes ni datos de seguridad nacional, haciendo inviable la entrega de información comprometida. Asimismo, anticipó la probable difusión de nuevos fragmentos editados de la conversación como parte de la misma estrategia de afectación política.
Por otra parte, la postura de la gobernadora coincide con las revisiones preliminares del Gobierno Federal. Tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han señalado públicamente que el contenido de los audios analizados hasta el momento no aporta elementos que configuren la comisión de un delito ni demuestran el intercambio de información reservada, por lo cual no se encuentra abierta ninguna investigación oficial en contra de la mandataria.