El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), a través de su presidente Jorge Romero Herrera, acusó al Gobierno Federal de instrumentar una estrategia política, jurídica y mediática para facilitar la reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. El líder albiazul puntualizó que la reaparición del mandatario, tras más de dos meses de ausencia pública, no obedece a una demostración de inocencia ni a una resolución absolutoria de los tribunales, sino a un esquema de protección emanado desde los partidos del oficialismo para devolverle las riendas de la entidad.
Romero Herrera precisó que, desde la perspectiva legal, Rocha Moya mantiene a salvo sus derechos para notificar su retorno al Poder Ejecutivo local en cualquier momento, lo que implicaría desplazar de forma automática a la actual gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. Ante este escenario, Acción Nacional demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el estatus de las carpetas de investigación correspondientes, y solicitó formalmente al Congreso del Estado de Sinaloa definir con claridad los protocolos institucionales que se aplicarían en caso de que el gobernador con licencia decida retomar sus funciones de manera oficial.
Señalamientos pendientes y postura del gobernador con licencia
La dirigencia del PAN enfatizó que existen múltiples líneas de investigación que continúan sin ser esclarecidas por las autoridades ministeriales del país. Entre los puntos críticos señalados por la oposición se encuentran los procesos judiciales abiertos en agencias de Estados Unidos, el presunto financiamiento irregular de grupos delictivos durante el proceso electoral del año 2021, la supuesta entrega de secretarías estatales a operadores financieros ilícitos, las inconsistencias en la indagatoria del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y la presunta asignación de contratos públicos en beneficio del entorno familiar del gobernador con licencia.
En contraparte, Rubén Rocha Moya emitió un posicionamiento a través de sus plataformas digitales para desmentir las versiones periodísticas que apuntaban a un presunto resguardo por parte de las fuerzas federales para evitar una eventual orden de captura internacional. El mandatario con licencia ratificó que permanece en su domicilio particular ubicado en la ciudad de Culiacán desde el pasado 1 de mayo, fecha en que solicitó la separación de su cargo con el propósito explícito de despojarse del fuero constitucional y someterse a las indagaciones necesarias respecto a las acusaciones de supuesta protección a la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
El desglose de los señalamientos de la oposición y el estado administrativo del gobierno sinaloense se estructuran a continuación:
| Dimensión del Conflicto | Puntos Críticos Señalados por el PAN | Postura Oficial y Mecanismos de la Defensa |
| Situación Administrativa | Riesgo de desplazamiento de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla. | Separación voluntaria del cargo desde mayo para enfrentar indagatorias sin fuero. |
| Investigaciones Judiciales | Opacidad de la FGR en el homicidio de Cuén Ojeda y presuntos contratos familiares. | Permanencia en domicilio de Culiacán; rechazo a reportes de custodia del Ejército. |
| Expediente Internacional | Acusaciones en cortes de EE. UU. por presunta complicidad con facciones delictivas. | Negación absoluta de nexos criminales y desmentido a columnas sobre operativos de traslado. |