El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estaría en negociaciones con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de sus abogados para coordinar su posible entrega y evaluar su incorporación como testigo protegido, según reveló el periodista Jesús Lemus Barajas en entrevista para Infobae México.
Estas conversaciones se producen luego de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York emitiera una acusación formal el 29 de abril de 2026 en contra de Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, señalándolos por conspiración para la importación de narcóticos y uso de armas de fuego de alto poder en colusión con la facción de Los Chapitos.
Negociación con la fiscalía estadounidense y contexto político
De acuerdo con las declaraciones de Lemus, el acercamiento legal se aceleró ante las restricciones de movilidad del mandatario y la entrega previa de otros implicados en el caso:
- Petición de entrega y estatus: Rocha Moya habría enviado a su representación legal para definir los términos de un acuerdo con la fiscalía federal estadounidense, lo cual requeriría la aportación de información relevante sobre estructuras de mayor jerarquía.
- Aislamiento y solicitud de retorno: Tras solicitar licencia a su cargo el pasado 2 de mayo, el gobernador con licencia permaneció en su residencia bajo resguardo federal, habiendo solicitado sin éxito a la Presidencia su reincorporación al gobierno estatal.
- Entregas previas de funcionarios: La decisión se vio influenciada por la entrega a las autoridades de EEUU de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas.
Antecedentes de las acusaciones y crisis en la entidad
Los señalamientos de la fiscalía estadounidense apuntan a que Rocha Moya habría recibido apoyo operativo y financiero de Los Chapitos durante la contienda electoral por la gubernatura, mediante la intimidación de opositores, a cambio de brindar protección institucional a la organización criminal.
Esta situación se enmarca en la ola de violencia que afecta al estado de Sinaloa desde septiembre de 2024, derivada de la fractura entre las facciones internas del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael «El Mayo» Zambada en territorio estadounidense.