La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó públicamente la veracidad de las declaraciones emitidas por el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a la detención e internamiento en territorio estadounidense de Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López. Durante su conferencia matutina efectuada en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal recordó que, tras el aterrizaje de los líderes del Cártel de Sinaloa en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, la administración mexicana solicitó por vías institucionales informes precisos sobre la logística del vuelo y la posible incursión de corporaciones extranjeras.
La postura sostenida de forma directa y pública por el entonces embajador Ken Salazar determinaba que ninguna agencia de seguridad de los Estados Unidos había tenido participación operativa ni presencial dentro del territorio nacional para propiciar dicha captura. No obstante, el Gobierno Federal contrastó esa versión histórica frente a recientes hallazgos periodísticos:
- Exhibición y resguardo de la aeronave: Reportes de prensa documentaron que el avión Beechcraft King Air 200 empleado en el traslado de los capos fue donado por el propio Buró Federal de Investigaciones (FBI) por un periodo inicial de exhibición al museo de aeronaves War Eagles Air Museum, adyacente al aeropuerto del condado de Doña Ana, en Nuevo México.
- Atribución del operativo: En dicha muestra y en los acuerdos de consignación de la pieza, la agencia estadounidense se adjudica formalmente la ejecución de la estrategia de captura, invalidando los reportes diplomáticos que la embajada norteamericana entregó en su momento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Implicaciones jurídicas internacionales y defensa de la soberanía
«¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?», inquirió la mandataria federal, enfatizando el impacto que genera el manejo de dobles discursos en las mesas de trabajo de la relación bilateral. Sheinbaum Pardo argumentó que la confirmación de un operativo encubierto y unilateral por parte de agencias de inteligencia de la unión americana en suelo mexicano constituye una violación flagrante a los tratados internacionales de cooperación en materia de seguridad, así como una transgresión directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La titular del Poder Ejecutivo desmarcó tajantemente el actuar de su gobierno de cualquier esquema de negociación informal con la delincuencia organizada, aludiendo a los informes que señalan el posterior recibimiento en suelo estadounidense de familiares de Ovidio Guzmán López:
| Eje de Análisis Institucional | Versión Oficial de la Embajada (2024) | Evidencia Documental Revelada (2026) | Impacto en la Relación Bilateral |
| Intervención de Agencias de EE. UU. | Negación categórica de actividades operativas del FBI o la DEA en México para este caso. | Contrato de donación del FBI y montaje público de la aeronave como un logro institucional. | Ruptura de la confianza diplomática y exigencia de aclaración formal por la SRE. |
| Cooperación Interestatal | Declaración de respeto absoluto a la soberanía del Estado mexicano. | Ejecución unilateral de traslado aéreo sin bitácoras ni autorizaciones compartidas. | Activación de carpetas de revisión técnica por la Fiscalía General de la República (FGR). |
Rutas de acción del Gobierno de México
La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó que es prioritario conocer con precisión el parte informativo real debido a que las naciones soberanas deben regirse bajo principios de reciprocidad y transparencia. Adelantó que se mantendrán los requerimientos de información dirigidos al gobierno estadounidense a través de los canales institucionales de la cancillería, requiriendo de forma específica al FBI una confirmación oficial de su nivel de involucramiento en el operativo de julio de 2024. Paralelamente, los peritajes y carpetas de investigación correspondientes quedarán bajo supervisión y desahogo de la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades por las violaciones al espacio aéreo y la soberanía del territorio nacional.