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El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, en conjunto con cuatro exgobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN), anunció la conformación de un frente político y legal para la defensa de Ernesto Ruffo Appel. Los integrantes del grupo afirmaron que la imputación por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) carece de sustento probatorio y responde a una estrategia de persecución política promovida por el gobierno federal.
En la conferencia de prensa participaron los exgobernadores de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez, así como los exmandatarios de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez, quienes demandaron el estricto apego al debido proceso y al Estado de derecho.
Cuestionamientos al proceso penal y al Poder Judicial
Durante la presentación del frente, los exfuncionarios manifestaron sus reservas sobre la conducción de las audiencias e investigaciones ministeriales:
- Falta de transparencia: Vicente Fox criticó que la audiencia inicial del exgobernador se desahogara a puerta cerrada y de forma remota, señalando que dicha determinación genera incertidumbre respecto a la imparcialidad de las autoridades judiciales.
- Defensa de la trayectoria: El expresidente sostuvo que respaldará íntegramente a Ruffo Appel, recordándolo como un actor clave en la transición democrática del país al convertirse en el primer gobernador de oposición en Baja California.
- Origen de las denuncias: Integrantes de la agrupación cuestionaron que las indagatorias sobre redes de contrabando de combustible se hayan centrado en el exgobernador, recordando que en su momento la excandidata Xóchitl Gálvez ya había señalado operaciones de fraude fiscal en el sector energético a nivel nacional.
Exigencias del bloque opositor
Los participantes recalcaron que su intervención no busca colocar a ningún ciudadano por encima de la ley, sino evitar abusos en la impartición de justicia y garantizar que el juicio se desahogue conforme a las garantías constitucionales.
Asimismo, expresaron su desconfianza hacia la imparcialidad e independencia del nuevo sistema judicial producto de la elección popular, advirtiendo que el uso de las instituciones con fines políticos pone en riesgo los contrapesos democráticos del país.