La audiencia inicial del excontralmirante Fernando Farías Laguna dio inicio en modalidad virtual y bajo la condición estricta de desarrollarse a puerta cerrada dentro del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. La determinación de restringir el acceso a los medios de comunicación y al público general fue instruida por la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega, atendiendo una solicitud formal promovida por la Fiscalía General de la República bajo el argumento de preservar la seguridad nacional.
La medida cautelar adoptada por el órgano jurisdiccional contrastó con la postura fijada por la defensa legal del imputado, integrada por la firma Mendieta y Asociados, así como por las declaraciones públicas de su esposa, Mónica Gámez Villalba. La representación jurídica fundamentó mediante un pronunciamiento la exigencia de mantener el carácter público de las diligencias con base en el principio de publicidad estipulado en el artículo 20 constitucional, argumentando que las restricciones deben aplicarse de forma excepcional ante la previa difusión mediática del caso por parte de las autoridades.
El proceso penal librado en contra del exmando naval contempla imputaciones por la presunta comisión de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, conducta que la representación social vincula a la operación de la red criminal identificada como Los Primos. La estructura delictiva, en la que también se encuentra procesado su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, es investigada por articular maniobras de evasión fiscal y tráfico ilícito de combustibles en recintos portuarios de cinco entidades del país.
Tras completar el traslado internacional desde Buenos Aires a bordo de una unidad aérea de la Secretaría de Marina y certificar su estado de salud en la capital del país, el imputado quedó formalmente a disposición de la juzgadora federal dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano. El desahogo de la audiencia se extendió durante la madrugada para definir la situación jurídica del compareciente, en una jornada donde la Fiscalía General de la República mantuvo la reserva sobre los elementos de prueba expuestos ante la jueza.