La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reveló que grupos del crimen organizado imponen cuotas de uno a dos pesos por kilogramo de aguacate comercializado, generando ganancias de miles de millones de pesos anuales a través del control sistemático de la cadena de producción. Este esquema de extorsión al sector agrícola, encabezado por células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones violentas, ha derivado en el despliegue de violencia en municipios clave como Uruapan y Apatzingán, provocando suspensiones en las certificaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para la exportación de aguacate.
Estructura financiera del cobro por kilogramo
La investigación de la FGE de Michoacán detalló que presuntos operadores del CJNG, como Jorge Armando “N”, alias “El Lic”, y Gerardo “N”, alias “King Kong”, acumularon individualmente hasta 10,800 millones de pesos al año por medio de la extorsión sistémica. A diferencia de los métodos de décadas pasadas centrados en cobros por hectárea, los cárteles modificaron su estrategia para exigir pagos directos por cada kilogramo cosechado, afectando a una producción estatal que supera las 5,400 millones de toneladas de aguacate anuales y consolidando un negocio millonario a costa de agricultores y comercializadores.
Dominio territorial y despojo de huertas
El impacto del crimen organizado se extiende mediante el desplazamiento forzado de comunidades y la apropiación ilegal de tierras destinadas al cultivo de aguacate. Reportes internacionales confirman que grupos como Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Los Viagras participan en el control de empacadoras, transporte y logística. La violencia ejercida contra quienes rechazan las exigencias económicas ha provocado crisis de seguridad regionales y la posterior infiltración de autodefensas, consolidando una red de crimen transnacional que amenaza la estabilidad de la principal zona productora del país.