La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el despliegue de más elementos de la Guardia Nacionalen regiones estratégicas de Michoacán tras la alerta de seguridad emitida por el gobierno de Estados Unidos, la cual derivó en la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate. La medida preventiva por parte de las autoridades estadounidenses conllevó el retiro de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), paralizando el flujo comercial del fruto. Ante la contingencia, la mandataria sostuvo un encuentro con la asociación de empresarios aguacateros para articular un plan de acción conjunto enfocado en restaurar la operatividad en la entidad.
Diálogo bilateral y propuesta de sustitución de inspectores
Para solucionar el bloqueo comercial, la administración federal solicitó formalmente un encuentro con el Departamento de Agricultura de EE. UU. a través de una comitiva integrada por Roberto Velasco, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y Columba López, titular de Agricultura. El objetivo central del gobierno mexicano es establecer un protocolo que reanude las actividades de inspección en huertos y empacadoras a la brevedad. Como alternativa inmediata, México planteó reemplazar temporalmente a los funcionarios estadounidenses por personal capacitado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para avalar la certificación fitosanitaria de los cargamentos.
Despliegue de fuerzas federales en zonas prioritarias
A petición de la administración de Donald Trump y de los propios productores locales, el ejecutivo federal determinó incrementar la presencia militar en municipios con alta incidencia delictiva donde la cobertura de seguridad era limitada. Esta fuerza pública adicional se sumará a los operativos desplegados previamente por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en regiones como Uruapan, donde se han efectuado capturas clave de integrantes del crimen organizado. La mandataria enfatizó que si la interrupción del comercio se resuelve en un plazo corto, no generará afectaciones financieras de consideración para la industria agropecuaria nacional.