Legisladores locales del partido Morena en el estado de Querétaro, entre ellos Claudia Díaz Gayou, Eric Silva Hernández y Rosalba Vázquez Munguía, denunciaron públicamente que la nueva iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo estatal busca modificar las reglas de elección de jueces y magistrados para beneficiar a perfiles afines. Los diputados sostuvieron que la propuesta, la cual traslada la elección judicial local hasta el año 2028, incorpora cambios que se distorsionan frente al marco constitucional federal.
Cuestionamientos a las sustituciones y comités de evaluación
Durante una conferencia de prensa, la diputada Claudia Díaz Gayou expuso que el proyecto plantea modificar el artículo 27 para que las ausencias definitivas de juzgadores ya no sean cubiertas por las personas que obtuvieron los siguientes lugares en votación popular, sino mediante designaciones directas a cargo del Órgano de Administración Judicial. A juicio de la legisladora, esta medida otorga facultades discrecionales a una instancia cuya mayoría de integrantes estaría vinculada al propio Poder Judicial local, vulnerando el principio del voto ciudadano.
Asimismo, se señalaron inconsistencias en la reestructuración del artículo 28, referente a los comités de evaluación encargados de revisar los perfiles de los aspirantes. La propuesta plantea crear comisiones coordinadoras para fijar criterios de evaluación, lo que según la bancada morenista podría limitar el proceso de selección. Respecto a la composición del Órgano de Administración Judicial, los legisladores destacaron que la iniciativa otorga tres representantes al Poder Judicial, uno al Ejecutivo y uno al Legislativo, modificando el equilibrio previamente debatido en el Congreso local.
Alternativa legislativa y ruta para la aprobación del dictamen
En respuesta al proyecto del Ejecutivo, el diputado Eric Silva Hernández anunció que la bancada de Morena alista una contrapropuesta legislativa. Entre los puntos principales destacan la obligación de resolver asuntos judiciales en un plazo máximo de seis meses, garantizar que las sustituciones respeten la prelación por votación con equidad de género, eliminar la intermediación de la Escuela de Formación Judicial en el proceso de selección e incorporar directamente en la Constitución local el procedimiento de votación popular.
El trámite legislativo para esta reforma requerirá la acumulación de iniciativas y la dictaminación en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia. Al tratarse de una modificación a la Constitución del estado de Querétaro, el dictamen final deberá ser aprobado por mayoría calificada en el Pleno de la Legislatura y contar con la ratificación de al menos dos terceras partes de los dieciocho ayuntamientos de la entidad antes de su promulgación.