El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una dura embestida contra la administración de Claudia Sheinbaum al acusar al gobierno federal de intentar controlar la informaciónque circula en los medios de comunicación a través de los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Según el dirigente priista, la estrategia oficial no está diseñada para proteger a los ciudadanos, sino para restringir la libertad de expresión y debilitar el trabajo periodístico independiente frente a un proyecto político que considera frágil.
Los riesgos de la discrecionalidad y las sanciones a medios
A través de sus redes sociales y una columna de opinión, el senador opositor advirtió que la ambigüedad en la redacción de los lineamientos permitirá a la autoridad determinar qué contenidos son verdaderos o descontextualizados. En su análisis, la figura del defensor de las audiencias terminará respondiendo a los intereses del poder en turno y no a las exigencias de la sociedad civil.
A esta situación se suma un esquema de castigos financieros que contempla multas de hasta el 1% de los ingresos para las empresas televisivas y radiofónicas que incumplan las normativas. Moreno sostuvo que el riesgo económico generará un mecanismo de autocontrol y autocensura editorial, coincidiendo con los señalamientos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión sobre posibles violaciones a la Constitución.
Comparaciones internacionales y el debate por la censura
El líder del tricolor llevó su postura al terreno internacional al señalar que el control gubernamental de contenidos ha sido el primer paso utilizado en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Hungría para clausurar el periodismo crítico. Asimismo, invocó el principio de la libre manifestación de ideas para recalcar que bajo ninguna circunstancia se debe permitir la imposición de una narrativa única ni el sometimiento de los medios mediante chantajes presupuestales o persecución política.
La respuesta del Ejecutivo y la CRT ante las acusaciones
En contraparte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente las imputaciones de la oposición al garantizar que no habrá censura en su administración y precisar que las defensorías de las audiencias serán designadas por los propios concesionarios para encauzar reclamos ciudadanos. Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones enfatizó que los criterios editoriales seguirán en manos de las empresas de comunicación, recordando que los lineamientos están en consulta pública para recibir propuestas de la sociedad antes de su eventual publicación definitiva.