El Partido Acción Nacional presentó una solicitud formal ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para requerir la implementación de medidas preventivas que garanticen la certeza y la equidad en los procesos vinculados a la contienda por la gubernatura del estado de Querétaro. La representación del instituto político fundamentó la petición en la necesidad de evitar posibles conflictos de interés derivados del vínculo matrimonial entre la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan y Santiago Nieto Castillo, quien ha sido perfilado como aspirante de Morena a la magistratura estatal.
El representante propietario del partido blanquiazul ante el órgano electoral, Víctor Hugo Sondón Saavedra, expuso ante el pleno que la postura institucional no pretende formular imputaciones ni poner en duda la probidad en el desempeño de la funcionaria. No obstante, la representación panista enfatizó que la dinámica familiar representa una condición objetiva que podría generar cuestionamientos sobre la neutralidad en la toma de decisiones administrativas y jurisdiccionales si no se aplican los criterios normativos de abstención a tiempo.
La solicitud entregada a la mesa directiva del organismo electoral plantea que la consejera valore la procedencia de una eventual excusa legal en las deliberaciones donde se discutan asuntos referentes a las aspiraciones, registros de precandidatura o candidatura de Santiago Nieto Castillo. La petición abarca de igual forma los procedimientos administrativos sancionadores, dictámenes de fiscalización, recursos sobre propaganda institucional y cualquier determinación de índole regulatorio que incida de manera directa sobre el proceso electoral de Querétaro.
El recurso legal promovido por la fuerza política se ampara en lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del INE, ordenamiento que prevé mecanismos institucionales de impedimento cuando existan intereses personales o filiales que puedan comprometer la función pública. El partido blanquiazul sostuvo que la aplicación estricta de estos lineamientos permitirá fortalecer la transparencia de las resoluciones arbitrales y evitar futuras objeciones sobre la legitimidad del proceso democrático en la entidad.