En una jornada marcada por tensiones políticas e incidentes de violencia en el estado, Rubén Rocha Moya anunció sorpresivamente su reincorporación al cargo de gobernador de Sinaloa tras haber permanecido 112 días separado de sus funciones. La determinación del mandatario se concretó mediante la entrega de una notificación por escrito dirigida a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, luego de haber solicitado licencia temporal el pasado 1 de mayo a raíz de los sealamientos difundidos por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan con actividades del crimen organizado.
A su llegada al Palacio de Gobierno en Culiacán, el funcionario reincorporó de manera inmediata a Yeraldine Bonilla Valverde a las funciones de secretaria general de Gobierno para posteriormente sostener reuniones de trabajo con el gabinete local, representantes del Poder Judicial estatal y legisladores del Congreso. A través de mensajes emitidos en sus plataformas digitales, Rocha Moya rechazó los sealamientos en su contra atribuyéndolos a campañas de desprestigio y sostuvo que su retorno busca asumir las responsabilidades institucionales sin escudarse en el fuero legal frente a las investigaciones ministeriales en curso.
La decisión del gobernante provocó una postura de distanciamiento en bloque por parte de las estructuras gubernamentales y partidistas del movimiento de la Cuarta Transformación. La Secretaría de Gobernación y la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, precisaron a través de comunicados oficiales que la reincorporación al Ejecutivo estatal fue una determinación de carácter estrictamente personal no consultada con el partido. La dependencia federal recordó que la Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas sobre las diez personas señaladas en los expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La postura institucional de rechazo fue secundada por la totalidad de los gobernadores afines al partido oficial, liderazgos de las bancadas en el Congreso de la Unión y el Partido Verde Ecologista de México, cuyos voceros calificaron de imprudente el retorno a las funciones públicas en medio del desarrollo de las indagatorias. De forma paralela, dirigentes de las principales fuerzas de oposición expresaron su repudio ante la restitución del mandato, mientras que en la entidad se registraron hechos de armas en diversos municipios y el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró sus señalamientos sobre la presunta colaboración de mandos policiales y funcionarios locales con estructuras del narcotráfico.