A menos de 24 horas de haber retomado la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, Rubén Rocha Moya presentó una nueva solicitud de licencia temporal con carácter indefinido ante el Congreso del Estado de Sinaloa. La determinación del funcionario se formalizó mediante una misiva entregada a la Mesa Directiva de la Legislatura local encabezada por Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, argumentando apego al artículo 50 de la Constitución estatal y tras una ola de cuestionamientos procedentes de la cúpula del gobierno federal y de su propio partido político.
La dimisión temporal ocurre inmediatamente después de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien hizo público su desacuerdo con la reincorporación del mandatario argumentando que el retorno a las funciones estatales no fue consultado con las autoridades centrales ni con la dirección del movimiento de transformación. A través de pronunciamientos institucionales, la titular del Ejecutivo federal y la Secretaría de Gobernación encabezada por Rosa Icela Rodríguez marcaron distancia de las decisiones del sinaloense, señalando que las ambiciones individuales o grupales no deben prevalecer sobre el interés nacional.
El trasfondo político que rodea al funcionario se intensificó desde el pasado mes de abril, momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó su nombre en un expediente judicial junto a otros nueve servidores públicos locales por presunta colusión con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Dicha situación motivó la solicitud de su primera licencia el 1 de mayo pasado, derivando en un distanciamiento paulatino con las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y los mandatarios estatales afines a la Cuarta Transformación.
Ante la renuncia temporal entregada al recinto legislativo en Culiacán, el Congreso local deberá sesionar para dar curso legal al trámite conforme al artículo 58 de la carta magna estatal y nombrar a la persona que asumirá la gubernatura sustituta. En tanto, agencias internacionales de seguridad y la Fiscalía General de la República mantienen abiertas las carpetas de investigación sobre los señalamientos en contra del mandatario y su círculo cercano de colaboradores.