El regreso a México del exagente y testigo protegido de la DEA, Jorge Godoy López, tras más de dos décadas de ausencia, ha reavivado de forma contundente la atención pública sobre el asesinato del conductor Francisco Stanley Albaitero. Godoy, quien en el pasado se desempeñó como policía judicial en Jalisco y custodio de altos mandos del crimen organizado bajo la estructura de Ernesto Fonseca Carrillo, declaró formalmente su intención de acudir ante la Fiscalía General para poner a disposición de las autoridades judiciales un testimonio inédito que busca dar luz y cierre definitivo a la investigación iniciada en junio de 1999.
Durante una conferencia de prensa, el exoficial precisó que su retorno al país se produce tras la finalización de las restricciones migratorias y las severas condiciones de protección derivadas de su participación en el expediente del caso del agente estadounidense Enrique «Kiki» Camarena. En su comparecencia, Godoy enfatizó que su colaboración con el Ministerio Público busca esclarecer los hechos reales de la ejecución sin intenciones de incriminar a las figuras mediáticas que históricamente enfrentaron sospechas e imputaciones sin sentencia definitiva, como Mario Bezares o Paola Durante.
La estrategia legal del testigo fue detallada por su representante jurídica, Estefanía Ávila, quien precisó que la carpeta de investigación del caso Stanley se mantiene formalmente abierta en tanto no exista una sentencia firme con la identificación y captura del autor material e intelectual. La defensa subrayó que el transcurso de casi tres décadas sin una resolución plena obedeció a la falta de garantías de seguridad y a la dispersión de elementos probatorios adecuados, condiciones que hoy permiten al testigo dar la cara ante las instituciones de procuración de justicia.
Entre los señalamientos más directos vertidos por Jorge Godoy destaca la identificación de Carlos Acevedo, conocido bajo el alias de El Pato, como el presunto ejecutor material que disparó contra el presentador el 7 de junio de 1999 en las inmediaciones del restaurante El Charco de las Ranas en la Ciudad de México. De acuerdo con la versión expuesta por el exagente, el crimen obedeció a una orden emanada de mandos del narcotráfico a raíz de una deuda pendiente superior a cuatro millones de dólares vinculada a operaciones de lavado de dinero no saldadas.