Un artículo de opinión publicado por la columnista Mary Anastasia O’Grady en el diario estadounidense The Wall Street Journal acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de «dar luz verde a la censura». La crítica surge tras la presentación del anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según el análisis del rotativo, el proyecto busca convertir a una entidad gubernamental en árbitro de la veracidad periodística en medios de comunicación.
Alcance del anteproyecto y respuesta del sector de la radiodifusión
El documento planteado por la CRT establece la obligación para concesionarias de radio y televisión de adoptar un código de ética, contar con una defensoría de las audiencias y habilitar mecanismos para canalizar quejas ciudadanas. La normativa vigente contempla sanciones administrativas que van del 0.01% al 1% de los ingresos acumulables por incumplimiento en estos trámites, sin aplicar directamente sobre contenidos editoriales o plataformas digitales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de censura señalando que la propuesta se elaboró con la participación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Tras una fase de revisión y comentarios, la propia CIRT emitió un comunicado respaldando los avances de la consulta pública y descartando intenciones de coartar la libertad de expresión, en un proceso de consulta cuya recepción de observaciones concluye el 21 de agosto para definir el texto final.
Polémica por el monitoreo de redes y reacciones de la prensa
La controversia escaló tras la intervención de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien presentó en la conferencia matutina un informe denominado «Anatomía de un ecosistema de amplificación digital». El análisis expuso cuentas y nombres de periodistas, comunicadores y medios de comunicación como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Carmen Aristegui, El Universal, Reforma y Latinus, bajo el argumento de identificar patrones de difusión mediante cuentas automatizadas.
A pesar de que el Ejecutivo federal aseguró que el informe no constituye una «lista negra» sino un ejercicio técnico de análisis de redes, comunicadores, figuras de oposición y organizaciones de derechos humanos como Artículo 19 manifestaron su preocupación. La agrupación advirtió que la exposición pública de periodistas desde las plataformas gubernamentales puede incrementar la hostilidad hacia el ejercicio periodístico en un entorno de vulnerabilidad para la prensa.