Agencias del gobierno de Estados Unidos evalúan la posibilidad de formular cargos en contra de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntas relaciones con organizaciones del crimen organizado y redes de contrabando de combustible, de acuerdo con información revelada por el diario The New York Times. Fuentes con conocimiento del asunto aclararon al medio estadounidense que, hasta el momento, no se han iniciado investigaciones formales de carácter judicial en su contra, aunque confirmaron el retiro reciente de su visado de entrada a esa nación por parte del Departamento de Estado.
Señalamientos por huachicol fiscal y revocación de visa
Las revisiones de las autoridades estadounidenses se enmarcan en las investigaciones periodísticas e institucionales que vinculan a empresarios cercanos, como Jorge Amílcar Olán, con adjudicaciones de contratos gubernamentales, así como en menciones dentro de los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de la familia Farías Laguna por presunto huachicol fiscal. Ante la cancelación de su visa, López Beltrán calificó la medida como un acto de propaganda política y envió una carta al presidente Donald Trump, en la que rechazó las acusaciones e imputó a funcionarios del Departamento de Estado como responsables de promover una campaña en su contra sin exhibir elementos probatorios.
En el ámbito legal nacional, la defensa de la familia Farías Laguna anunció la preparación de querellas formales por delincuencia organizada contra el dirigente morenista. Sin embargo, la FGR aclaró de manera oficial que no existen órdenes de aprehensión ni carpetas de investigación abiertas dirigidas específicamente en contra del hijo del exmandatario.
Posición del Gobierno Federal ante las presiones de Washington
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó públicamente a Andrés Manuel López Beltrán al aseverar que la revocación de la visa responde a un posicionamiento político contra el movimiento de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional, desmintiendo que existan indagatorias formales por tráfico de hidrocarburos. El reporte del rotativo neoyorquino sostiene que el escenario plantea desafíos para la administración federal frente a la presión de Washington para procesar a funcionarios o perfiles políticos señalados por corrupción o nexos delictivos.
Respecto a las solicitudes de extradición formuladas por agencias estadounidenses sobre otros actores políticos, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la mandataria mexicana ratificó que el Gobierno de México procederá únicamente cuando las autoridades norteamericanas entreguen las evidencias correspondientes y la FGR acredite la comisión de delitos bajo la legislación nacional.