A partir del próximo 3 de noviembre, entrará en vigor una nueva normativa que regula y restringe el uso de teléfonos celulares y pantallas al interior de todos los planteles de educación básica en México. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer esta medida aplicable en primarias y secundarias tras alcanzar un acuerdo unánime con los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas del país, resolución que será publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Asambleas informativas y motivos de la regulación
Con la publicación de este acuerdo avalado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), se pondrá en marcha un periodo de treinta días dedicado a la realización de asambleas informativas en las escuelas. El objetivo central de la iniciativa no busca una prohibición absoluta, sino una regulación estricta para mitigar los efectos negativos y la adicción que generan las plataformas sociales, permitiendo a los menores potenciar su desarrollo cognitivo, recuperar la creatividad y fomentar sus habilidades psicomotoras mediante el regreso a la escritura en papel. Las autoridades precisaron que los alumnos podrán guardar el dispositivo en sus mochilas, limitando su manipulación exclusivamente a casos de emergencia y restringiendo su uso tanto en las aulas como durante el recreo.
Consenso nacional y defensa de la alimentación saludable
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, detalló que la medida es fruto de un amplio proceso de consulta que incluyó foros regionales, recomendaciones de expertos de la UNESCO y encuestas aplicadas a más de 565 mil docentes durante las sesiones de los consejos técnicos escolares, destacando que 16 estados de la República ya aplicaban restricciones similares de manera local. Adicionalmente, en el marco del informe del sector, el funcionario subrayó que la dependencia mantiene litigios en tribunales contra grandes corporativos para defender la implementación del programa Vida Saludable, cuyo propósito es erradicar definitivamente la venta de comida chatarra en las instituciones educativas.