El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tommy Pigott, afirmó que la estructura gubernamental de Baja California se encuentra afectada por la infiltración del Cártel de Sinaloa. Las declaraciones se emitieron en el marco de la aplicación de un paquete de sanciones financieras dirigidas contra 21 personas y 25 empresas ligadas a Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco», líder de la facción Los Mayos, señalando que la red criminal operaba con impunidad en la frontera mediante el pago de sobornos a funcionarios de seguridad y operadores políticos.
Señalamientos a operadores políticos y mandos policiales
Entre las figuras señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de la entidad, a quien las autoridades estadounidenses identifican como un operador político aliado con Juan José Ponce Félix, alias «El Ruso», jefe de plaza en Mexicali. Las indagatorias de la administración federal norteamericana sostienen que su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, gestionaba el cobro de sobornos y el blanqueo de capitales, mientras que el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, habría recibido financiamiento a cambio de ceder el control de la corporación municipal al grupo delictivo.
Recompensas y alcance de las medidas financieras
Para desarticular la infraestructura operativa en la zona fronteriza, el Departamento de Estado fijó recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los hermanos Alfonso Arzate García («Aquiles») y René Arzate García («La Rana»), encargados de la plaza de Tijuana, así como de Ponce Félix en Mexicali. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ratificó que las medidas aplicadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 buscan bloquear el flujo financiero, el tráfico de fentanilo y las redes de corrupción institucional que operan entre México y Estados Unidos.