El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, solicitó formalmente al secretario de Justicia, Todd Blanche, entregar todos los registros de la DEA sobre la estrategia de monitorear —sin decomisar— grandes cargamentos de fentanilo. La investigación legislativa busca esclarecer las órdenes impartidas a los agentes para permitir que cientos de miles de pastillas de este opioide sintético continuaran su tránsito hacia las calles con el argumento de construir expedientes judiciales de mayor alcance contra las redes del narcotráfico.
Acciones legales en Nuevo México y antecedentes de la investigación
La pesquisa del Congreso responde a revelaciones hechas por informantes de la propia agencia en Nuevo México, epicentro de la crisis sanitaria por opioides. El fiscal general de dicho estado, Raúl Torrez, interpuso una demanda contra el Departamento de Justicia para forzar la liberación de los informes oficiales. Reportes periodísticos revelaron que entre 2023 y 2025 los agentes federales mantuvieron bajo vigilancia terrestre y aérea entregas masivas de droga en hoteles y vialidades sin intervenir para interceptar la mercancía ilícita.
Modificaciones de protocolo y revisión del Inspector General
La controversia abarca cambios a los lineamientos del Departamento de Justicia aprobados en 2024, los cuales otorgaron mayor discrecionalidad a los agentes para retrasar incautaciones bajo el principio de «preservar la investigación», modificando la directiva de 2017 que obligaba al decomiso inmediato. Ante las críticas y el riesgo a la salud pública, el órgano de control interno (Inspector General) del Departamento de Justicia anunció una revisión a nivel nacional sobre las investigaciones de la DEA que utilizaron la táctica de dejar «caminar» la droga.