La diputada Claudia Díaz Gayou presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Querétaro para sancionar con penas de hasta 50 años de prisión las conductas vinculadas al denominado cártel inmobiliario y al uso ilícito o abuso de los recursos hídricos. La propuesta busca adiccionar el artículo 220 Bis para dotar al marco jurídico estatal de herramientas contundentes en el combate al despojo de tierras, la manipulación catastral y la corrupción en el otorgamiento de permisos de uso de suelo.
El proyecto legislativo enfatiza la responsabilidad de los funcionarios que utilicen la estructura institucional para favorecer intereses particulares. Además de las penas privativas de la libertad, la iniciativa contempla multas, destituciones e inhabilitaciones permanentes para los servidores públicos que participen, faciliten o sean cómplices en la alteración de padrones, licencias urbanísticas o en el tráfico ilegal de concesiones de agua en la entidad.
Ejes de la reforma al Código Penal de Querétaro
La propuesta plantea tipificar y endurecer los castigos ante diversas conductas que impactan el desarrollo urbano y el patrimonio familiar en el estado:
- Sanciones corporales: Penas de 15 a 50 años de cárcel para los delitos vinculados al cártel inmobiliario y despojo agravado.
- Protección del agua: Penalización severa contra la extracción, distribución indebida y abuso de los recursos hídricos locales.
- Combate a la corrupción administrativa: Inhabilitación y sanción penal a servidores públicos que manipulen catastros, licencias o permisos urbanos.