El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó a las comisiones de Vigilancia y de Transparencia de la Cámara de Diputados que, desde mayo de 2025, mantiene abiertos 13 expedientes de investigación vinculados a presuntas irregularidades en contrataciones registradas durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala. El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, detalló que los procedimientos involucran a por lo menos 13 funcionarios y exfuncionarios comiciales, ocho personas físicas y 18 personas morales.
Hallazgos de auditoría, sanciones y faltas detectadas
Como resultado de seis auditorías y ocho revisiones de control, el OIC aperturó 24 investigaciones adicionales. Entre las conductas documentadas destacan:
- Simulación y conflicto de interés: Documentación falsa o alterada, participación indebida en licitaciones y acreditación de pruebas sobre conflicto de interés en tres de cuatro casos clave.
- Irregularidades financieras: Posible desvío de recursos públicos, falta de comprobación de gastos e incumplimientos fiscales y de seguridad social por parte de proveedores.
- Empresas fachada e incumplimiento: Identificación de firmas sin capacidad técnica u operativa y fallas en entregas, como el caso de la empresa Bell-Krom, S.A. de C.V., inhabilitada el pasado 2 de octubre por incumplir en la provisión de 25 mil chamarras para capacitadores electorales.
- Sanciones emitidas: De enero de 2025 a la fecha, la contraloría interna ha aplicado 20 sanciones (19 inhabilitaciones a exfuncionarios y particulares, así como una suspensión) y multas acumuladas por 1.6 millones de pesos, turnando los expedientes de faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Propuesta de Política Nacional de Contratación Electoral
Ante la dispersión de normas entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el OIC planteó a la Cámara de Diputados la creación de una Política Nacional de Regulación en Materia de Contratación Electoral. La iniciativa busca homogenizar especificaciones técnicas, generar catálogos de precios de referencia e integrar una estrategia coordinada con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para evitar sobrecostos, prácticas monopólicas y riesgos de corrupción en los procesos electorales del país.