El Gobierno Federal presentó un proyecto de decreto con el objetivo de garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes en México. La medida obligará a las empresas operadoras de plataformas digitales a retirar de manera inmediata contenidos que promuevan la violencia, discursos de odio, extremismo, abuso y explotación sexual, así como publicaciones relacionadas con el suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que las empresas de tecnología deberán canalizar reportes directos ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional cuando detecten este tipo de material ilícito.
Diálogo con empresas y entrada en vigor
La mandataria federal precisó que el decreto será publicado de manera oficial durante la próxima semana, dando margen a reuniones previas con los representantes de las firmas tecnológicas para definir los esquemas de implementación:
- Carácter obligatorio: Sheinbaum enfatizó que el cumplimiento del decreto será vinculante para todas las plataformas que operen en el país, al tratarse de la protección de los menores de edad.
- Sin sanciones iniciales: Detalló que por el momento no se incluirán esquemas punitivos o multas, pues confía en la disposición de las empresas para colaborar en la erradicación del contenido nocivo.
- Origen de la iniciativa: La propuesta surge como un compromiso de seguridad derivado de los tráficos hechos violentos registrados recientemente en un centro educativo de Coahuila.
Coordinación institucional y tecnológica
El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, señaló que el decreto busca homologar y agilizar los protocolos de moderación que ya aplican las plataformas, facilitando una ruta directa de denuncia hacia las instituciones de seguridad pública.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo adelantó que tras la publicación del decreto se conformará un grupo de trabajo interinstitucional con la SEP y la Secretaría de Salud para evaluar si se requerirán reformas legislativas adicionales en materia de ciberseguridad.