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INE mantendrá millonario contrato en dólares para la credencial de elector pese a escándalo

El INE mantendrá vigente el contrato de 71 millones de dólares para la credencial de elector hasta que la ASF y el OIC concluyan sus auditorías.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrá vigente, al menos de manera provisional, el contrato de hasta 71 millones de dólares para la producción de la credencial de elector, convenio en el que se exhibió a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y al empresario Alfredo Hernández Casillas repartiéndose ganancias millonarias. La consejera presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, explicó que el acuerdo firmado el 10 de diciembre de 2025 con las empresas Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México —con vigencia hasta 2030— permanecerá activo hasta que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) determinen si procede una sanción o modificación legal.

Blanca Cruz argumentó que toda adjudicación formalizada genera obligaciones jurídicas recíprocas tanto para el órgano electoral como para los proveedores que prestan el servicio, por lo que no puede rescindirse unilateralmente sin una resolución previa de las instancias fiscalizadoras. Aseguró que todos los convenios del instituto están sujetos a escrutinio permanente y que la actual administración acatará cualquier determinación oficial en caso de acreditarse irregularidades administrativas.

Antecedentes de los videos y festejo con exfuncionarios electorales

La controversia estalló tras la difusión de grabaciones en las que se observa a Alfredo Hernández Casillas y a Guadalupe Taddei distribuyendo recursos derivados de la adjudicación del contrato de las credenciales para votar. Días antes de esa revelación, otro material audiovisual mostró al contratista celebrando en diciembre de 2025 junto con exfuncionarios del instituto, entre ellos Mario Burciaga, exdirector de Recursos Materiales y Servicios, a quien agradeció las gestiones realizadas para concretar la firma del convenio.

Este escándalo provocó una profunda crisis institucional al interior del árbitro electoral —situación que derivó en renuncias en áreas estratégicas y en la defensa de la integridad de los próximos comicios, como hemos informado en nuestro portal—, obligando a una reestructuración en direcciones clave como Comunicación, Asuntos Jurídicos y Fiscalización.

Auditorías de la ASF, testigos protegidos e indagatoria de la FGR

De manera paralela a la postura administrativa del consejo general, la ASF y el OIC del INE mantienen abiertas investigaciones independientes para auditar los términos financieros de la licitación. Como parte de estas diligencias, el órgano fiscalizador solicitó el bloqueo de cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, además de emplear por primera vez la figura de testigos protegidos e informantes clave bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación penal por la probable comisión de delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad relacionados con este millonario convenio.

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