El dictamen para reformar la Ley de Amparo avanzó este miércoles en las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado de la República. Tras dos días de discusión pública, la iniciativa presidencial fue aprobada con una votación dividida de 32 votos a favor (Morena, PT y Verde) contra 12 en contra (MC, PAN y PRI).
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, incorpora algunas modificaciones respecto al documento original y se prevé que sea discutida en el Pleno del Senado durante la misma jornada.
Los Ajustes de la Mayoría
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, detalló que se realizaron ajustes para atender algunas de las preocupaciones surgidas en el debate. Según Corral, las modificaciones buscan otorgar mayor certeza jurídica y garantizar un acceso efectivo a la justicia.
Los cambios más relevantes, según el legislador morenista, incluyeron:
- Interés Legítimo: Ampliación de sus alcances, reconociendo su carácter tanto individual como colectivo.
- Precisiones: Ajustes sobre el cumplimiento de sentencias para homologar plazos.
Críticas de la Oposición: Un «Grave Retroceso»
La reforma fue calificada por legisladores opositores y expertos como un «grave retroceso» en materia de derechos humanos.
La bancada del PAN señaló que las restricciones fundamentales del proyecto permanecen. Los aspectos más preocupantes se centran en:
- Limitación de la Suspensión: Restringir la suspensión del acto reclamado en áreas consideradas estratégicas para el Gobierno, como la materia fiscal, financiera y de deuda pública.
- Régimen de Privilegios: Creación de un esquema que exime a las entidades estatales de la obligación de otorgar garantías.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, condenó que Morena busque «echar de un plumazo los avances de la reforma de 2011», mientras que la panista Guadalupe Murguía cuestionó el método de trabajo legislativo, tildando la reforma de «apresurada, hecha sobre las rodillas, con cambios sobre la marcha».
La oposición concluye que, pese a los matices introducidos, la iniciativa representa una «enorme regresión para la protección y defensa de los derechos humanos».