El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., de 39 años, negó categóricamente cualquier presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa o haber participado en actividades criminales, durante una entrevista concedida a TUDN. El deportista enfrenta actualmente un proceso legal en México tras su detención en California y posterior deportación.
“No soy traficante. En Culiacán todo mundo lo sabe, yo golpear gente para un cártel y esas cosas, no, no, yo no, gracias a Dios no he tenido la necesidad,” afirmó el púgil, deslindándose de las acusaciones que lo relacionan con la delincuencia organizada, particularmente con la facción de Los Chapitos.
Chávez Jr. reconoció que su estilo de vida puede generar contactos con personas de «distintos entornos» en Culiacán, pero insistió en que nunca ha preguntado «quién es quién» ni ha participado en actividades ilícitas.
Proceso Legal y Regreso al Boxeo
El proceso legal contra Chávez Jr. inició tras su detención el 2 de julio de 2025 en California, por una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República (FGR). Fue deportado a México el 25 de agosto a través de la Garita de Nogales, Sonora.
- Vinculación a Proceso: El 23 de agosto, el juez Enrique Hernández Miranda lo vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas (introducción clandestina y fabricación de armamento).
- Libertad Cautelar: El juez determinó que el boxeador puede enfrentar el proceso en libertad bajo ciertas medidas cautelares, como la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de contacto con testigos.
El boxeador confirmó que, bajo estas condiciones, puede continuar su carrera deportiva. «A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera,” explicó, dejando abierta la posibilidad de un regreso al cuadrilátero.
La defensa legal de Chávez Jr. sostiene que la acusación es endeble, pues se basa principalmente en conversaciones telefónicas de presuntos narcotraficantes y antecedentes migratorios. El proceso de investigación continuará por tres meses más.