La diputada local Claudia Díaz, del Partido del Trabajo, y el regidor de Morena en el municipio de Querétaro, Fernando Avse, expusieron una serie de inconsistencias y riesgos en el proyecto de Ley de Egresos 2026 presentado por la administración municipal. Ambos coincidieron en que el documento no refleja transparencia, contiene disposiciones discrecionales y plantea prácticas que consideran contrarias a la normatividad vigente.
De acuerdo con la diputada Díaz, la propuesta establece una recaudación estimada de 7,960 millones de pesos para 2026. Sin embargo, señaló que esta cifra no corresponde con los ingresos históricos del municipio, los cuales —según sus proyecciones— deberían elevarse a aproximadamente 8,700 millones de pesos. Los 700 millones de diferencia, indicó, podrían quedar bajo control directo de la Secretaría de Finanzas y del presidente municipal, sin pasar por la aprobación del cabildo.
Díaz también recordó que en 2024 se registró un subejercicio de 1,661 millones de pesos, lo que, aseguró, evidencia que el municipio no está aplicando la totalidad de los recursos aprobados y mantiene reservas considerables. La legisladora cuestionó las razones por las cuales se mantienen esos fondos sin ejecutar y cuál es el destino final de esos recursos.
En materia fiscal, advirtió que el municipio propone eliminar la deducción del traslado de dominio para viviendas de interés social. En contraste, la propuesta de la 4T plantea mantener la exención para inmuebles de hasta 1.5 millones de pesos y, en el caso de viviendas de hasta 3 millones, aplicar deducción sólo sobre el excedente. Sobre el impuesto predial, el municipio plantea descuentos del 12% en enero y 8% en febrero, mientras que la contrapropuesta de la 4T sugiere un 20% y 8% respectivamente.
La diputada también señaló que el municipio mantiene el cobro del Derecho de Alumbrado Público, equivalente al 8%, pese a resoluciones que lo consideran inconstitucional. Sostuvo que la administración local pretende además facultarse para condonar y eximir contribuciones, lo cual —afirmó— contraviene la Constitución al permitir decisiones basadas en criterios personales. Por ello, la bancada de la 4T plantea una reforma a la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, con el objetivo de permitir apoyos a grupos vulnerables sin recurrir a condonaciones discrecionales.
Otro punto cuestionado es la figura de “imposibilidad de adeudos fiscales por cambio de situación jurídica”, propuesta por la administración municipal. De acuerdo con Díaz, esta redacción es ambigua y podría abrir la puerta a decisiones discrecionales. En total, afirmó, la iniciativa contiene más de 40 inconsistencias y concluyó que “la propuesta no debe aprobarse”.
Por su parte, el regidor Fernando Avse denunció falta de información hacia los integrantes del cabildo. Sostuvo que cada regidor sólo tuvo cuatro minutos de participación en la discusión y que los seis representantes de oposición votaron en contra. Agregó que los costos del servicio de recolección de basura han aumentado significativamente, llegando en algunos casos del Centro Histórico a cuotas de hasta 5,000 pesos mensuales para comercios establecidos.
Avse también mencionó la situación de los artesanos del Centro Histórico, quienes han enfrentado acciones de presión por parte de autoridades municipales. Asimismo, cuestionó el programa social “Extra”, al señalar que de 50,000 beneficiarios proyectados solo se han documentado 12,000, y pidió claridad sobre el destino de los 500 millones de pesos asignados al programa. En materia de obra pública, afirmó que únicamente se ha ejecutado el 60% de los proyectos aprobados.
Ambos representantes llamaron a revisar la iniciativa en su totalidad antes de ser sometida a aprobación, al considerar que la propuesta del municipio presenta riesgos en materia de transparencia, ejecución presupuestal y manejo de recursos públicos.