El profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro, exconsejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Bernardo Romero, consideró que la discusión pública en torno a la reforma al Poder Judicial ha sido limitada y carente de análisis de fondo, particularmente en los aspectos jurídicos, constitucionales y teóricos que implica.
Durante una entrevista, Romero señaló que el debate se ha concentrado en manifestaciones, posturas políticas y descalificaciones, mientras que ha quedado relegada la reflexión sobre la pertinencia de la reforma desde la teoría del derecho y la protección del Estado de derecho. En ese contexto, sugirió revisar el artículo del jurista italiano Luigi Ferrajoli titulado La reforma judicial mexicana: cómo se destruye el Estado de derecho, el cual, dijo, aporta elementos para analizar críticamente el proceso.
Explicó que uno de los ejes centrales del debate es la elección popular de personas juzgadoras y sus implicaciones para la autonomía judicial. Recordó que, desde la perspectiva del garantismo constitucional, no es legítimo que la voluntad de una mayoría vulnere los derechos de las minorías, lo que plantea interrogantes sobre el papel del Poder Judicial como garante de la legalidad y los derechos humanos, independientemente de quién haya votado por jueces, magistrados o ministros.
Romero sostuvo que la elección popular no necesariamente implica que las resoluciones judiciales respondan a intereses políticos o electorales, ya que, en un sistema constitucional, las personas juzgadoras deben actuar conforme a la ley y la Constitución. Añadió que este principio aplica de igual manera para cualquier autoridad electa por mayoría, cuyo mandato es gobernar o resolver para toda la población.
Asimismo, cuestionó la idea de que el Poder Judicial previo a la reforma operara de manera plenamente imparcial o ajena a intereses políticos. Señaló que, históricamente, los procesos de designación de magistraturas y ministraturas estuvieron marcados por decisiones del Poder Ejecutivo y de las legislaturas, lo que, en su opinión, también implicaba un grado de politización y prácticas como el nepotismo o el nombramiento de perfiles sin carrera judicial.
En ese sentido, afirmó que la elección popular transparenta el proceso de designación y abre la posibilidad de escrutinio público sobre los perfiles de quienes aspiran a integrar el Poder Judicial. Reconoció que el nuevo modelo enfrenta retos técnicos, operativos y de participación ciudadana, pero consideró que estos no deben ser un obstáculo para avanzar en la consolidación democrática.
Romero destacó que el proceso electoral del Poder Judicial ha generado un mayor interés ciudadano por conocer el funcionamiento de este poder y los perfiles de las personas candidatas, lo que calificó como un avance en términos de información y participación. Añadió que la ciudadanía cuenta con herramientas para investigar trayectorias profesionales y antecedentes, lo que permite emitir un voto más informado.
Finalmente, sostuvo que la reforma judicial debe entenderse como un proceso perfectible que requiere mayor discusión pública, acceso a información clara y un enfoque centrado en la defensa de la legalidad y los derechos humanos. Señaló que el fortalecimiento de la democracia implica asumir los costos y complejidades de estos cambios, así como promover una cultura cívica basada en el análisis y el debate informado.