Bernardo Romero, profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro, exconsejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, analizó el contexto político y de derechos humanos en Venezuela, así como la relación de ese país con Estados Unidos, a partir de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante una entrevista, Romero señaló que diversas resoluciones de la Corte documentan violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Venezuela tanto antes como después de la llegada de Hugo Chávez al poder. Recordó casos como el “Caracazo” y el del Retén de Catia, ocurridos durante gobiernos previos al chavismo, así como sentencias posteriores relacionadas con despidos y restricciones a derechos políticos durante la administración de Chávez, entre ellas el caso San Miguel y resoluciones sobre procesos electorales y libertad de expresión.
Romero indicó que, a su juicio, el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro pueden caracterizarse como un modelo de populismo autoritario, con una economía centralizada y con prácticas que han limitado derechos políticos y civiles. No obstante, sostuvo que la intervención directa de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela no puede justificarse bajo el argumento de la defensa de la democracia o los derechos humanos, y señaló que, históricamente, ese país ha intervenido en América Latina en función de intereses económicos y geopolíticos.
En ese sentido, afirmó que la situación venezolana no es comparable con el contexto político de México, al señalar diferencias en materia de libertades, procesos electorales y relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Indicó que en México no se han registrado prácticas como la revocación de concesiones por razones políticas ni sanciones laborales derivadas de la participación ciudadana en procesos electorales.
Sobre el escenario internacional, Romero consideró que el orden mundial atraviesa una reconfiguración de poderes y que América Latina continúa bajo una fuerte influencia de Estados Unidos. Añadió que los países que buscan defender el control de sus recursos naturales suelen enfrentar presiones externas.
En relación con México, señaló que el modelo económico actual ha impulsado el consumo interno y ha contribuido a reducir algunos indicadores de pobreza, aunque reconoció que persisten retos estructurales, particularmente en materia de seguridad y acceso a la justicia. Expresó su expectativa de que el Poder Judicial actúe como un garante efectivo de legalidad y derechos humanos.
Finalmente, al referirse a Querétaro y al contexto rumbo a 2026, Romero identificó como principales desafíos la organización social, la defensa del derecho humano al agua, el fortalecimiento de los mecanismos de protección de derechos humanos y una mayor actividad legislativa en temas pendientes como salud reproductiva y control de la corrupción. Consideró que existe un clima de inconformidad social en diversos sectores y subrayó la importancia de la participación ciudadana informada de cara a los próximos procesos electorales.