La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la Secretaría de Gobernación solicitó información a la Suprema Corte tras el anuncio de la renovación de sus unidades. La nota informativa enviada por el tribunal justifica la inversión bajo una lógica de austeridad a largo plazo, sustituyendo el gasto recurrente de arrendamiento por la propiedad de los bienes.
- Ahorro reportado: Superior a los mil millones de pesos.
- Cambio de modelo: Transición de contrato de renta a compra definitiva.
- Normatividad: La adquisición se realizó bajo los criterios internos de 2019 que regulan la renovación vehicular cada cuatro años.
Seguridad y estándares de protección
La SCJN había anunciado previamente que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares técnicos necesarios para garantizar la integridad física de las y los ministros. Aunque la presidenta Sheinbaum evitó profundizar en los detalles técnicos de los blindajes o sistemas de protección, confirmó que la seguridad institucional fue el argumento central del Poder Judicial.
«Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra. Ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso», puntualizó la mandataria.
Diferencias entre la Corte actual y la anterior
A preguntas de la prensa sobre el comportamiento de la nueva conformación de la Corte (vigente desde septiembre de 2025) respecto a las reformas de la Cuarta Transformación, Sheinbaum destacó un cambio en la transparencia y los criterios de resolución.
| Aspecto | Corte Anterior | Corte Actual (Desde Sept. 2025) |
| Transparencia | Acuerdos en reuniones privadas previas al pleno. | Sesiones públicas con argumentos abiertos a la ciudadanía. |
| Postura Política | Calificada por la presidenta como «votar en contra de todo». | Análisis basado en argumentos legales y constitucionales. |
| Acceso a la Información | Resoluciones acordadas de forma exclusiva. | Discusiones abiertas y consultables por el pueblo. |
Finalmente, la presidenta subrayó que la función principal de los ministros es definir la constitucionalidad de las leyes y que ahora los ciudadanos pueden ser testigos directos de los argumentos presentados en cada sesión pública, eliminando las prácticas de discusión exclusivas del pasado.