El integrante de Parlamento Abierto Ciudadano por Querétaro, César Zafra, cuestionó el nivel de financiamiento público que reciben los partidos políticos en la entidad, luego de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobara su presupuesto para 2026, del cual más del 50 por ciento se destinará al financiamiento partidista.
En entrevista, Zafra señaló que estos recursos, que superan los 70 millones de pesos, no se reflejan en el fortalecimiento institucional de los partidos, como la conformación de comités municipales, la capacitación de cuadros o el desarrollo de estructuras territoriales permanentes. Indicó que, pese a que el financiamiento público está diseñado para esos fines, no existen mecanismos claros para verificar su cumplimiento ni consecuencias efectivas ante la falta de resultados.
El activista afirmó que, en la práctica, gran parte de los recursos se utilizan para sostener estructuras burocráticas internas y dirigencias partidistas, mientras que en periodos electorales los partidos recurren a candidatos externos, liderazgos ciudadanos o figuras con posicionamiento social para construir competitividad, sin que ello derive de un trabajo previo de organización partidaria.
Zafra sostuvo que esta dinámica contribuye a la falta de rendición de cuentas y a la repetición de prácticas que permiten el acceso al poder sin procesos de formación política ni representación territorial efectiva. Añadió que el financiamiento público, en lugar de fortalecer la vida democrática, termina incentivando acuerdos cupulares y decisiones alejadas de la ciudadanía.
En el contexto de la reforma electoral que se discute a nivel nacional, consideró que el debate no debe centrarse únicamente en la reducción de recursos o en la eliminación de figuras como las diputaciones plurinominales, sino en establecer reglas de transparencia y fiscalización más estrictas para los partidos políticos, al ser considerados órganos de interés público.
Respecto a la representación proporcional, Zafra defendió su función para garantizar la presencia de minorías, y planteó que el problema radica en el uso que los partidos hacen de las listas plurinominales. Propuso analizar esquemas que permitan a la ciudadanía incidir de manera directa en la conformación de dichas listas, mediante mecanismos de votación diferenciada.
Finalmente, estimó que la reforma electoral difícilmente avanzará en los términos planteados inicialmente, al considerar que los cambios afectarían intereses de los propios partidos, incluidos los aliados del bloque gobernante. Señaló que, de no revisarse a fondo el papel de los partidos y el uso de los recursos públicos, el sistema electoral mantendrá las mismas dinámicas en futuros procesos.