Durante el foro realizado en el Auditorio «Fernando Díaz Ramírez» de la UAQ, se expuso que el 46.2% de la población en México (58.3 millones de personas) requiere algún tipo de cuidado. A pesar de esta demanda, solo se destina el 0.7% del gasto público a este rubro, lo que evidencia un vacío institucional que afecta principalmente a las familias y, de manera desproporcionada, a las mujeres.
- Iniciativa de Ley de Cuidados de Cáncer: Paul Ospital destacó su propuesta para reformar la Ley de Salud estatal, buscando brindar apoyos económicos, transporte, alimentación y atención psicológica a cuidadores de pacientes oncológicos.
- Perspectiva Universitaria: La rectora Silvia Amaya recordó la creación del Comité Universitario de Cuidados en la UAQ, subrayando la importancia de atender la salud mental de quienes cuidan.
- Impacto Económico: Salomón Chertorivski señaló que el valor económico de las labores de cuidado equivale al 24.3% del PIB nacional (7.2 billones de pesos), una labor que históricamente no ha sido remunerada ni valorada.
El costo invisible del cuidado
Elisa Almazán de Smith, viuda del exsenador Juan Pablo Adame, compartió su testimonio sobre el desgaste emocional y financiero que enfrentan los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, quienes a menudo deben abandonar sus empleos y agotar sus recursos para cumplir con esta labor permanente.
| Indicador de Cuidados en México | Dato Estadístico |
| Población con necesidad de cuidado | 58.3 millones de personas. |
| Valor económico de los cuidados | 24.3% del PIB nacional. |
| Presupuesto requerido para un Sistema Nacional | 300 mil millones de pesos. |
| Inversión pública actual | 0.7% del presupuesto. |
Hacia la corresponsabilidad social
Los participantes coincidieron en que es fundamental transitar hacia un sistema público de cuidados que garantice servicios accesibles. Chertorivski enfatizó la necesidad de saldar la deuda histórica con las mujeres, quienes representan la gran mayoría de las cuidadoras sin remuneración en el país.
La propuesta busca que el Estado asuma su responsabilidad mediante políticas públicas que incluyan infraestructura de apoyo, transferencias monetarias y servicios de salud especializados, evitando que la carga del bienestar recaiga exclusivamente en los hombros de particulares sin respaldo institucional.