El senador Ricardo Anaya expresó su respaldo a la eliminación de pensiones elevadas dentro del sector público, durante la discusión de una reforma en el Senado de la República, aunque señaló diferencias con el contenido del dictamen que se someterá a votación.
Durante su intervención en tribuna, el legislador indicó que existe coincidencia en la necesidad de eliminar pensiones que, señaló, alcanzan montos elevados en algunos organismos públicos. Mencionó que en entidades como Luz y Fuerza del Centro hay personas que reciben pensiones mensuales de hasta un millón de pesos, así como más de 300 casos con ingresos cercanos a los 300 mil pesos mensuales.
El senador sostuvo que, aunque el objetivo de la iniciativa es correcto, el texto presenta aspectos que podrían modificarse. Entre ellos, planteó que el tope a las pensiones no debería establecerse en función del salario de la Presidencia de la República, sino mediante Unidades de Medida y Actualización (UMA), mecanismo que, señaló, se actualiza de acuerdo con la inflación y es utilizado en sistemas como los del IMSS y el ISSSTE.
De acuerdo con el legislador, fijar el límite en relación con el salario presidencial podría generar variaciones en caso de que ese ingreso se modifique en el futuro, lo que implicaría cambios adicionales en la legislación.
También señaló que el alcance de la reforma se limita a organismos de la administración pública descentralizada, como Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos, mientras que no se aplicaría a dependencias de la administración pública centralizada, como secretarías de Estado.
Anaya agregó que el dictamen tampoco incluye a integrantes de las Fuerzas Armadas ni al personal sindicalizado, lo que, a su juicio, reduce el alcance de la medida.
El senador indicó que su grupo parlamentario votará a favor de eliminar pensiones elevadas, aunque insistió en que el Senado debió discutir modificaciones al texto propuesto.
Durante su intervención también se refirió a la resolución emitida en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la aplicación de normas constitucionales y su relación con el principio de retroactividad.
La reforma fue discutida en el Senado como parte de la agenda legislativa relacionada con ajustes al sistema de pensiones en el sector público.