El Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, difundió un listado oficial donde se detalla la pérdida de autorización para recibir donativos deducibles de más de 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC), además de la baja definitiva de otras 13. El argumento principal de la dependencia es que estas instituciones no reúnen los requisitos legales vigentes para mantener dicho beneficio fiscal.
Organizaciones destacadas en el listado
Entre las instituciones afectadas se encuentran organismos con una trayectoria relevante en el análisis de políticas públicas y derechos sociales en México:
- Mexicanos Primero: Enfocada en el derecho a la educación y autora de estudios críticos sobre el gasto educativo.
- México Evalúa: Dedicada al monitoreo del Sistema de Justicia Penal y la medición de la impunidad.
- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO): Especializado en investigación sobre economía, energía, mercado laboral y género.
Causas administrativas y vacíos normativos
La revocación está vinculada, en parte, a cambios en la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de 2023. Esta legislación limitó la validez de las constancias permanentes emitidas por el Conacyt (Reniecyt). Actualmente, existe un vacío normativo que dificulta a las ONG acreditar sus actividades de investigación científica o tecnológica ante la nueva Secretaría de Ciencia (Secihti), lo que impacta directamente en sus trámites ante el SAT.
Consecuencias legales y patrimoniales
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las organizaciones que no logren recuperar su autorización en un plazo de 12 meses enfrentan una medida drástica:
- Destino del patrimonio: Están obligadas a transferir la totalidad de sus activos y patrimonio a otra entidad que sí cuente con el registro de donataria autorizada.
- Impacto en financiamiento: Especialistas advierten que la falta de deducibilidad desincentivará a los donantes, poniendo en riesgo la viabilidad operativa de estas instituciones.
Reacciones de la sociedad civil
Activistas y académicos han expresado su preocupación, señalando que estas restricciones inhiben la participación ciudadana y el escrutinio público. Mientras algunas ONG afirman estar solventando los trámites para regularizar su situación antes del 31 de marzo, otras consideran que estas medidas representan un cierre de los espacios democráticos y una presión hacia las voces críticas de la administración pública.