Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la familia del diputado federal Mario Calzada Mercado concentra 628 mil metros cúbicos de agua a través de cinco títulos de concesión en el estado de Querétaro. Aunque estos permisos están clasificados para uso agrícola y pecuario —lo que permite la exención del pago de derechos—, la autoridad detectó que el recurso se destinaba a fines comerciales y recreativos privados.
Irregularidades detectadas en la revisión federal
Bajo el marco de la nueva Ley de Aguas, la Conagua identificó dos casos críticos de mal uso de las concesiones:
- Comercialización ilícita: Un pozo destinado al riego de campos era utilizado para cargar pipas y vender el agua a comunidades cercanas.
- Uso recreativo de lujo: Otro título agrícola abastecía al desarrollo inmobiliario y Club de Polo «El Marqués», que cuenta con instalaciones para esquí acuático y amplias áreas verdes que no reportaban pagos por el consumo del líquido.
Acciones legales y sanciones
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que, con la legislación anterior, era común que se transmitieran usos de agua sin reportarlos debidamente. Sin embargo, con la normativa publicada en diciembre de 2025, el Gobierno Federal ha procedido con las siguientes acciones:
- Clausura de pozos: Se ha clausurado dos veces la comercialización de agua en pipas ligada a la familia del diputado, superando los recursos de amparo interpuestos inicialmente.
- Extinción de concesiones: La nueva ley faculta a la Conagua para retirar definitivamente los títulos cuando se compruebe que el uso no corresponde a la producción de alimentos.
- Multas económicas: Se contempla la aplicación de sanciones que pueden alcanzar los 3 millones de pesos en casos de cambio de uso del recurso sin autorización.
Contexto político y legislativo
El diputado implicado, Mario Calzada Mercado, fue uno de los principales opositores a la Ley Nacional de Aguas durante su votación en diciembre pasado. En su momento, el legislador argumentó que la ley no era incluyente y que no atendía la tecnificación del campo. Ante esto, la mandataria federal cuestionó la incongruencia de defender supuestamente a los productores mientras se utiliza el agua para fines residenciales de lujo, afectando el acceso de las poblaciones aledañas al recurso vital.