La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de plano dos recursos de impedimento interpuestos por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien buscaba separar a las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González de la resolución de un amparo clave. El tribunal consideró que estas acciones legales tenían como único fin entorpecer y retrasar el juicio donde se cuestionan las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El fondo del conflicto: Supervisión de la UIF
El caso, identificado como el amparo en revisión 492/2023, es de vital importancia para el combate a delitos financieros. Mañana se discutirá el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, el cual propone:
- Confirmar facultades: Validar que la UIF pueda acceder a información patrimonial y financiera sin restricciones adicionales para fines de supervisión.
- Supervisión bancaria: Permitir que la UIF continúe analizando la información bancaria del dueño de Grupo Salinas y otros 78 empresarios vinculados a los Pandora Papers.
- Temporalidad: El análisis de esta información, solicitada originalmente en diciembre de 2021, podría extenderse por un periodo de hasta 10 años.
Estrategia de dilación procesal
La Corte señaló que la táctica de interponer múltiples recursos de recusación contra ministros se ha vuelto una práctica recurrente por parte de Grupo Salinas.
- Recusaciones acumuladas: Con estos dos nuevos desechamientos, suman ya 10 recursos contra diversos integrantes del pleno en este asunto específico.
- Antecedentes: En litigios fiscales previos, la empresa llegó a interponer más de un centenar de recursos (reclamaciones e impedimentos), los cuales fueron calificados por el actual pleno como intentos deliberados de dilatar o entorpecer la impartición de justicia.
Implicaciones para la UIF
De aprobarse el proyecto del ministro Figueroa Mejía, la UIF conservará su capacidad operativa para:
- Investigar posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero relacionados con empresas offshore.
- Solicitar información directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sin que los amparos de particulares bloqueen la supervisión.
- Mantener la vigilancia sobre los flujos de capital reportados en investigaciones internacionales de transparencia financiera.
Esta resolución representaría un «bateo» judicial definitivo a la estrategia de defensa del empresario, permitiendo que el fondo del asunto sea resuelto por el pleno de la Corte sin más interrupciones procesales.