El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Edgar Pérez González, señaló que el caso de los perros rescatistas Athos y Tango expone limitaciones en el marco legal para sancionar el maltrato animal en México, particularmente en la definición de criterios que permitan a los jueces establecer penas proporcionales.
Explicó que, desde el punto de vista jurídico, el maltrato animal se entiende como cualquier acción u omisión que cause dolor, sufrimiento o daño a un animal, incluyendo conductas que puedan derivar en su muerte. Sin embargo, indicó que en la práctica persisten interpretaciones que pueden considerar a los animales como objetos, lo que influye en la forma en que se aplican las sanciones.
En relación con el caso de Athos y Tango, refirió que inicialmente se dictó una sentencia considerada relevante por el nivel de sanción impuesto, pero posteriormente fue modificada por instancias federales, reduciendo tanto la pena como la reparación del daño. Señaló que este cambio refleja la falta de criterios uniformes en la legislación y en su interpretación.
El académico indicó que esta situación no implica un cambio en la ley vigente, sino una diferencia en la valoración judicial, lo que, dijo, puede generar incertidumbre sobre la aplicación de sanciones en casos similares. Añadió que la legislación actual no contempla de manera específica elementos que permitan diferenciar entre distintos tipos de animales o su función social.
Pérez González señaló que, en casos como el de animales de asistencia o rescate, el impacto trasciende a los propietarios, al considerar que su función beneficia a la sociedad. Indicó que este aspecto no siempre es incorporado en las resoluciones judiciales.
Asimismo, mencionó que uno de los retos es fortalecer tanto la normativa como su aplicación, para evitar interpretaciones dispares. En ese sentido, informó que desde la universidad se analiza la elaboración de una propuesta de reforma al Código Penal que incorpore elementos más claros para la valoración de estos casos.
Finalmente, consideró que, además de ajustes legales, es necesario reforzar la cultura de denuncia y los mecanismos de investigación, ya que muchos casos de maltrato animal no llegan a instancias judiciales o no logran acreditarse, lo que limita la imposición de sanciones.