La Fiscalía General de la República (FGR) fijó una postura técnica y legal tras la solicitud formal de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. A través de su vocero, Ulises Lara López, la institución subrayó que la cooperación internacional no exime al país solicitante de cumplir con los requisitos probatorios establecidos en los tratados vigentes.
El requisito de la «Prueba Contundente»
La FGR señaló que, hasta el momento, la solicitud enviada por el Departamento de Justicia de EE. UU. no cuenta con el respaldo probatorio necesario para proceder de manera inmediata.
- Falta de evidencia: Según el vocero, la misiva estadounidense no incluye pruebas directas e irrefutables que vinculen a los funcionarios morenistas con la facción de «Los Chapitos».
- Tratado de Extradición: La FGR recordó que el acuerdo bilateral exige que cada cargo sea sustentado con evidencias que permitan a la justicia mexicana validar la procedencia de la detención.
- Inmunidad Procesal: Lara López enfatizó que, debido a los cargos que ostentan (gobernador y senador), es legalmente indispensable agotar los procesos de desafuero antes de ejecutar cualquier orden judicial, respetando la soberanía nacional.
Reclamo por la filtración de información
Un punto de fricción destacado por la fiscalía mexicana es la difusión pública de la acusación, lo cual contravendría los protocolos diplomáticos de confidencialidad.
- Convención de Viena: La FGR invocó este tratado internacional para señalar que toda documentación en procesos de extradición debe manejarse bajo reserva para no entorpecer los procedimientos penales.
- Detrimento del proceso: El vocero advirtió que dar a conocer los detalles de forma mediática antes de cumplir con las formalidades legales mexicanas podría ser perjudicial para la naturaleza confidencial de las investigaciones en ambos países.
- Estado de Derecho: La institución reiteró que no actuará fuera del marco de la ley mexicana, asegurando que se debe evitar cualquier violación a los derechos procesales de los señalados.
Contexto de la acusación
Estados Unidos clasifica al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera y acusa a los funcionarios sinaloenses de desempeñar papeles fundamentales para su operación logística y violenta.
La FGR concluyó que, si bien existe un compromiso de colaboración, este se mantendrá dentro de los límites del Estado de derecho y el respeto a la soberanía, exigiendo que la justicia estadounidense presente los fundamentos legales que soporten sus imputaciones de manera formal.