Los abusos en los cobros de grúas y depósitos vehiculares (corralones) en el estado de Querétaro están nuevamente en la mira legislativa. Diputados de la bancada de Morena presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público, con el fin de proteger la economía de los conductores frente a retenciones arbitrarias.
El fin del cobro por causas «no atribuibles»
La propuesta, encabezada por el diputado Homero Barrera McDonald, establece un principio de justicia administrativa: si la autoridad ordena el arrastre de un vehículo pero posteriormente se determina que el conductor no cometió ninguna falta administrativa ni hecho ilícito, el costo no debe recaer en el ciudadano.
Los puntos clave de la iniciativa son:
- No cobro preventivo: Si el vehículo no ha sido liberado y se determina la inocencia del conductor, el prestador de servicios de grúa no podrá realizar el cobro.
- Reembolso obligatorio: En caso de que el ciudadano ya haya realizado el pago para recuperar su unidad, la autoridad o la empresa deberá reintegrar el dinero íntegramente.
- Combate a la corrupción: Se busca eliminar los acuerdos discrecionales entre policías (estatales o municipales) y concesionarios de grúas que derivan en traslados injustificados al corralón.
Coincidencias en el Congreso Local
Esta reforma se suma a una propuesta similar presentada anteriormente por la diputada Adriana Meza (PRI), lo que sugiere un consenso entre diversas fuerzas políticas para atender un reclamo ciudadano histórico en la entidad. Según Barrera, muchos trabajadores, especialmente motociclistas y choferes de carga, ven afectado su patrimonio por decisiones arbitrarias de tránsito que los obligan a pagar multas y derechos de piso elevados sin haber infringido la ley.
Panorama actual del servicio
De acuerdo con datos de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), actualmente existen 42 empresas con permiso vigente para operar en las tres zonas principales del estado:
- Zona Metropolitana (Querétaro, Corregidora, El Marqués).
- San Juan del Río.
- Sierra Gorda.
La iniciativa pretende transparentar el padrón y garantizar que estos concesionarios se ajusten a tarifas oficiales, evitando que los «accidentes o cuestiones ajenas» se conviertan en un negocio para los prestadores de servicios auxiliares.