Una revisión exhaustiva a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reveló que el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha mantenido en la opacidad los resultados de las auditorías practicadas a sus dependencias durante los últimos cinco años. A pesar de ser una obligación marcada por la Ley General de Transparencia, la mayoría de las secretarías estatales no han subido información sobre el ejercicio de recursos públicos.
Opacidad sistemática en dependencias clave
La revisión destaca que instituciones fundamentales para el estado han evadido la publicación de cédulas de resultados de auditorías internas y externas. En su lugar, utilizan leyendas que aseguran que «no se generó información de interés público». Las dependencias señaladas incluyen:
- Secretaría de Seguridad Pública.
- Secretaría de Finanzas.
- Secretaría de Bienestar.
- Secretaría de Salud y Secretaría de Mujeres.
- Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
De todo el gabinete, únicamente las secretarías de Turismo, Obras y Agricultura han cumplido parcialmente con la carga de información correspondiente al año pasado.
Relación con investigaciones en Estados Unidos
La falta de transparencia coincide con un momento crítico para el gobernador con licencia y su equipo cercano. Hace apenas dos semanas, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la detención y extradición de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más, entre ellos exsecretarios de Seguridad y Finanzas, por presuntos vínculos con el narcotráfico (Los Chapitos) y tráfico de armas.
Dependencias como la Secretaría de Seguridad y la de Finanzas no solo ocultan auditorías, sino que también carecen de registros sobre contratos de obras, bienes, servicios y gastos en publicidad oficial durante 2025 y lo que va de 2026.
El estado de la Plataforma Nacional de Transparencia
Tras la extinción del Inai en marzo de 2025, la gestión de la PNT pasó a manos de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este cambio institucional se dio bajo la premisa de eficientar el acceso a la información; sin embargo, en el caso de Sinaloa, la propia Auditoría Superior del Estado (ASE) ha identificado como un «área de riesgo» la carencia de datos presupuestarios en la plataforma.
Este vacío informativo no solo viola el Artículo 19 de la Ley de Transparencia, sino que obstaculiza la rendición de cuentas en un estado marcado por la violencia y las investigaciones internacionales sobre la infiltración criminal en las estructuras de gobierno.