La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para México, Andrea Pochak, presentó el informe ‘Desapariciones en México’, en el cual califica la situación actual como una “crisis grave”. Según el documento, el fenómeno ha evolucionado de las desapariciones cometidas directamente por el Estado en décadas pasadas a un modelo donde predomina la acción de grupos criminales con el consentimiento o apoyo de agentes públicos.
Cifras y rezago forense
Al corte de junio de 2025, la CIDH contabilizó un total de 128 mil reportes de personas desaparecidas en territorio nacional. Además, el informe destaca una preocupante crisis de identificación humana, señalando que existen 70 mil cuerpos bajo resguardo de las autoridades que aún no han sido identificados, lo que evidencia una brecha significativa entre las investigaciones y las sentencias.
El rol de la colusión estatal
El informe documenta que, si bien el crimen organizado tiene un papel predominante, este opera frecuentemente a través de vínculos con agentes de seguridad, procuración de justicia y autoridades políticas. Esta colaboración se manifiesta de diversas formas:
- Entrega de personas: Agentes estatales que ponen a ciudadanos en manos de grupos delictivos.
- Omisión estratégica: Ausencia deliberada de autoridades en zonas controladas por el narco.
- Consugetimiento: Autoridades que permiten la operación de centros criminales, como el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco.
Perfiles de las víctimas y riesgos diferenciados
La CIDH identifica que la desaparición afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores sociales, con riesgos específicos según el perfil de la víctima:
- Jóvenes y Niños: Documentan el reclutamiento forzado por parte de cárteles para ser utilizados como sicarios o mensajeros.
- Mujeres y Niñas: Vinculación estrecha con la violencia de género y redes de trata mediante engaños en redes sociales.
- Migrantes: Existe un subregistro crítico y casos de entrega fraudulenta de cuerpos a familias en el extranjero.
- Periodistas y Defensores: Ataques directos vinculados a su labor que buscan generar silenciamiento y autocensura.
Finalmente, la Relatora reconoció que, aunque desde 2018 se han registrado avances técnicos en comparación con años anteriores, la sobrecarga procesal y la falta de búsquedas inmediatas con enfoque especializado impiden frenar la impunidad que rodea a este delito en México.